Proyecto que reduce tamaño de Gandoca Manzanillo da pie para intervenir otras zonas protegidas

Los más de 100 firmantes del manifiesto señalan que esta no es la vía para evitar los desalojos

Leticia Vindas / 04 setiembre 2012

Un proyecto de ley que se aprobó recientemente en la Asamblea Legislativa reduce el tamaño del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo con el objetivo de evitar el desalojo de varios vecinos de la zona. Sin embargo, los mismos vecinos, organizaciones y profesionales emitieron este martes un manifiesto donde expresan su oposición, pues consideran que la inicitiva da pie a que se reduzca el tamaño en otras zonas protegidas con el objetivo de darle espacio a las construcciones.

El pasado viernes 31 de agosto se aprobó en primer debate el expediente 18.207 "Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del  Caribe Sur" que establece nuevos límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El objetivo es evitar que desalojen a las familias que tienen sus casas dentro de la zona marítimo terrestre. La Contraloría General de la República solicitó el desalojo a más tardar el 30 de noviembre de este año, pues determinó que algunas de estas edificaciones están dentro de la zona pública y otras en la zona restringida, pero sin estar respaldadas por un plan regulador ni una concesión, como lo señala la Ley de Zona Marítimo Terrestre.

Sin embargo, los más de 100 firmantes del manifiesto señalan que esta no es la vía para evitar los desalojos, ya que disminuir el área protegida sienta un precedente que podría replicarse en otras zonas de Costa Rica.

Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica, explicó que la fundamentación técnica está incompleta, pues parte del hecho que en una zona protegida no puede haber asentamientos y esto no es así. Existen casos como el humedal Térraba Sierpe donde viven comunidades dentro del área protegida y desarrollan actividades sustentables.

Por su parte, Allan Astorga, geólogo y consultor ambiental, sugirió que para estas zonas debería desarrollarse un mecanismo como el que se espera aplicar en Ostional, donde también hay invasión de zona marítimo terrestre.

En esta área se creó una comisión que desarrolló un estudio de impacto ambiental y definió los usos de cada suelo. Se analizó caso a caso si la propiedad corresponde al uso del suelo y ahí se toman medidas de desalojo, de ser necesarias.

"El criterio debe ser de zonificación ambiental y no de límites de zona marítimo terrestre", expresó Astorga.

Se define además un corte, de manera que todas las nuevas edificaciones deben cumplir con lo establecido en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, de manera que la medida de uso del suelo aplique solo para antiguas edificaciones.

Dos años para decidir

Esta no es la única solución que se valora para evitar los desalojos. El mismo viernes se aprobó también en primer debate un proyecto que extiende por dos años la fecha límite para los desalojos (30 noviembre).

Alfio Piva, vicepresidente de la República, confía en que estos dos años serán suficientes para generar soluciones para estas familias. 

En la Asamblea Legislativa se estudian alrededor de 12 propuestas para darle solución a esta problemática. "La idea es que una vez que se apruebe la moratoria podremos proceder con más calma y pensar en los proyectos que convengan a la realidad costera de nuestra país y en definitiva apoyaremos el proyecto de ley que consideremos cumpla con estás exigencias, ya que se necesita hacer un cambio en la legislación para poder asegurar la vida y desarrollo de los pueblos costeros", agregó Piva.

Paralelo a estos proyectos, Piva planea avanzar todo lo posible los planes de ordenamiento territorial de estas áreas.