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Pensiones complementarias | Entre ¢300 y ¢4.500 por afiliado

Operadoras pagan comisión a solidaristas

Nidia Burgos Q.
El Financiero

Supen estudia legalidad de medida

Como parte de las acciones para atraer más afiliados, las operadoras de pensiones del país están pagando comisiones de afiliación a las asociaciones solidaristas que les generen nuevos clientes.

Entre ¢300 y ¢4.500 son los montos que se mencionaron la semana pasada en relación con las comisiones, cuando se inició el periodo de afiliación a los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias que establece la Ley de Protección al Trabajador a todos los empleados.

Esta medida que estarían aplicando todas las operadoras que luchan por conquistar una buena parte del mercado ?constituido por alrededor de 800.000 trabajadores? es estudiada por la Superintendencia de Pensiones (Supen), con el fin de determinar si se procede en forma legal, informó Ana Rodríguez, intendente de pensiones.

Mientras, un grupo de asociaciones solidaristas conformó una nueva entidad denominada Enlace Solidarista, la cual pretende obtener mejores condiciones de negociación de estas comisiones y de algunos servicios adicionales con las operadoras de pensiones.

Según dijo Geovanny Solís, gerente de la asociación solidarista de las tiendas La Gloria, este grupo se integró a raíz de algunos inconvenientes que se presentaron la semana anterior, cuando una asociación solidarista pretendía cobrar una especie de ?peaje? a otras pequeñas por garantizarles condiciones similares que las que ellos obtuvieron.

Atracción de afiliados

Las operadoras de pensiones que funcionan actualmente en el país ven en las asociaciones solidaristas una fuente de nuevas posibilidades de afiliación a los planes de pensión complementaria y planes de capitalización.

Amparados al artículo 30 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual establece, entre otros aspectos, que las asambleas generales de esas entidades podrán delegar la administración de estos fondos en operadoras, algunas de ellas aceptaron pagar comisiones por cada afiliado que conquisten.

De acuerdo con Solís, las asociaciones solidaristas inicialmente estaban interesadas en formar una operadora de pensiones, luego en ser más bien accionistas de ellas y ahora se han convertido en comisionistas.

La idea, según Solís, es que a este bloque se unan otras de diferentes partes del país para que no se vean afectadas por tratos diferenciados.

Solís señaló que esta práctica de pagar comisiones a las asociaciones solidaristas también se utilizó en México cuando se hizo la reforma de pensiones.

Sobre este tema, Rodríguez manifestó que tienen conocimiento de que esa situación se da; añadió que la Supen tiene dudas sobre la legalidad de tal procedimiento, al tiempo que estudia si debe tomar medidas al respecto.

Agregó que para la presente semana su departamento legal les informará sobre la transparencia de esta práctica.

Mientras, en los tres primeros días de afiliación, iniciada la semana anterior, se reportaron alrededor de 16.000 trabajadores inscritos oficialmente. Alberto Acuña, coordinador del proceso por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, comentó que la afiliación no fue masiva como se esperaba en esa primera etapa, en la que se estimaba que 25.000 empleados se inscribieran.

Impacto financiero

El impacto financiero que podría tener en las operadoras de pensiones esta medida fue minimizado por algunas de ellas, cuyos gerentes consideraron que de todos modos están pagando una comisión de afiliación a sus promotores.

Así opinó Ernesto Hip, gerente de BN Vital, quien reconoció que reconocen comisiones por afiliación a las asociaciones solidaristas, cuando establecen convenios de administración de sus pensiones o fondos de capitalización que sean inscritos ante la Supen.

Destacó, sin embargo, que esto lo efectúan a través de los promotores que visitan las instalaciones de las empresas que cuentan con asociaciones solidaristas, previo acuerdo de los asambleístas.

En tanto, Minor Acuña, gerente de Interfin Pensiones, aseguró que también otorgan incentivos a dichas asociaciones, lo cual consideró una práctica legal basada en el artículo 30 de la mencionada ley.

Según expresó, las comisiones que se pagan en el mercado oscilan entre ¢750 y ¢4.500.

Solís, por su parte, manifestó que sabe que algunas operadoras retribuyen entre ¢600 y ¢1.000 por ese concepto. Mientras, Hip dijo que BN Vital reconoce entre ¢200 y ¢600 por afiliado.

Jéssica Calvo, gerente de San José Pensiones, expresó que ellos aún no han firmado ningún contrato de administración de estos fondos con ninguna asociación solidarista, pero que en caso de que lo hagan también cancelarían una comisión.

Opinó que esta situación podría afectar en alguna medida a las operadoras de pensiones pues tendrían menos ingresos; sin embargo, opinó que contractualmente es viable este pago.


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