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Legislación | Está en la etapa final del convenio preventivo de acreedores

Constructora Belén dispuesta a pagar deudas

Ana Cristina Camacho Sandoval
El Financiero

MOPT desacata órdenes de Sala Constitucional

Constructora Belén, empresa que trabajó como proveedor del Estado durante 40 años, está dispuesta a cancelar todas las deudas que tiene con sus suplidores.

Poco a poco han conseguido el dinero para pagar, pero sería más fácil si el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) les pagara aproximadamente US$4 millones (¢9.132 millones) que les debe.

La empresa se encuentra en la etapa final del convenio preventivo de acreedores que adoptó luego de que el Juzgado Primero Civil de San José rechazó la solicitud de una administración por intervención judicial en el 2002, cuyo fin era ordenar las finanzas internamente y seguir operando.

Fue entonces cuando el Estado rompió todo vínculo comercial con la constructora en octubre del 2002 y le anuló tres contratos. Luego sobrevendría la crisis.

Para el socio Luis Eduardo Herrera, buscar un proceso de intervención judicial asustó a la Administración convirtiéndola en el principal obstáculo para que la empresa saliera adelante, pues "no nos dejó hacer nada, ni facturó un cinco" (veáse recuadro: "Principales proveedores").

No trabajar más en este tipo de proyectos, aguardar dineros por obras anteriores y las que en ese momento desarrollaban, provocó la quiebra de la compañía.

Cinco contenciosos

Herrera y su hermano Ramón Alberto admiten que, de esos US$4 millones que les adeuda el Estado, solo han recibido US$954.128 (¢416 millones).

Por esa razón pelearán el resto por la vía judicial: a la fecha han interpuesto cinco contenciosos administrativos, por "obras efectivamente ejecutadas y por reconocimiento de pago de intereses", recordó.

El Financiero tuvo acceso a fallos de la Sala IV de febrero del 2003 ordenándole al ministro de Obras Públicas y Transportes, Javier Chaves, atender un reclamo administrativo de Belén por mantener "equipo ocioso" por la suma de ¢780,4 millones a raíz de que la obra Terrón Colorado-Los Chiles fue suspendida por falta de financiamiento estatal en 1999.

Sin embargo, Conavi solo pagó ¢416 millones, pues cambió la metodología de cálculo. Los magistrados pidieron al Ministerio atender tal reclamo, so pena de acusarlo por desobediencia.

El Financiero envío preguntas desde el pasado 15 de junio a José Manuel Sáenz, director del Conavi, pero al cierre de esta edición no había respondido.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reclama de la empresa trabajos inconclusos o con problemas de calidad, y estaría cobrando garantías de cumplimiento por ¢251 millones.

Empero, se supo que la dirección jurídico del MOPT determinó en junio de este año que procede devolverle a la empresa la garantía de cumplimiento en el caso del proyecto Tárcoles-Jacó, pues no solo presenta acabados según el contrato sino que superó las expectativas técnicas (por ejemplo, la vida útil de la carretera se estableció en 12 años, pero es de 29,4 años).

Una fuente que prefirió el anonimato reveló que estas resoluciones se archivan porque supuestamente existe temor de señalar responsables de informes técnicos que dañaron la imagen de la empresa y que resultaron ser falsos.

"Aquí hay empresas políticamente bendecidas que construyen con problemas de calidad y no se les abre órgano director, más bien se les sigue pagando", mencionó.

80% de créditos con respaldo

Por otra parte el convenio de acreedores arrancó en agosto pasado y está a cargo del curador Otto Chachagua Peña, a quien le corresponde revisar, definir fechas para que los acreedores legalicen sus créditos y garantías, y coordinar los pagos ya realizados.

La abogada de la empresa, Ivannia Quesada, del bufete Quirós, Carmona y Asociados, explicó que están en la etapa final del proceso.

Resta que el juez revise los créditos legalizados, resuelva sobre los aprobados y rechazados y señale hora y fecha para la junta.

Quesada reconoció que lograron acuerdos con la mayor parte de los acreedores y que el 80% de los créditos ya tiene respaldo de pago pues la familia Herrera vendió propiedades, maquinaria y otros activos.

Los primeros en recibir el pago fueron los trabajadores a quienes se les han cancelado ¢90 millones.

En segundo lugar, están los créditos prendarios e hipotecarios.

Recuadro

Principales proveedores

De acuerdo con la oficina de prensa del MOPT las siguientes son las principales empresas constructoras que trabajan para el Estado en obras de infraestructura de carreteras o de conservación de vías (en este último aspecto, la mayoría son contratos por tres años).

  • Sánchez Carvajal:
  • Carretera San Isidro. Río Convento (Costanera Sur). Costo: US$9 millones.

  • Pedregal:
  • Carretera Piñuela-Palmar Norte. Costo: US$2,8 millones.

  • Santa Fe:
  • Conservación vial en San Carlos, a la fecha se le ha pagado US$6,8 millones.

  • M&S:
  • Conservación vial en carreteras Cartago-Turrialba (se le ha pagado US$12,3 millones), San Ramón (US$9,3 millones) y Zona Atlántica (US$7,3 millones).

  • Hernán Solís:
  • Carreteras Palmar Sur-Sierpe, costo: US$1,3 millones y; Barú-Piñuela, costo: US$4 millones.

  • MECO:
  • Carretera Bibri-Sixaola. Costo: US$13,5 millones. Conservación vial de San José (se les ha pagado a la fecha US$16 millones), Bernardo Soto (US$3 millones), Florencio del Castillo (US$2,5 millones) y Próspero Fernández (US$1,2 millones).


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