Negocios # 662
Corporación Pedregal pasó de ser acusado a acusador del Estado
Demandas contra el Estado evitaron demolición de edificios y cierre del tajo en Belén
“No nos temblará la mano para hacer cumplir la ley”, dijo contundente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en el 2003, cuando luchaba por cerrar algunas operaciones de la firma Pedregal en San Antonio de Belén, luego de determinar daños en el manto acuífero.
La fuerza de sus declaraciones quedó en eso, en palabras, porque cinco años después la historia es distinta.
La compañía no solo continúa operando sino que entabló demandas contra el Estado por daños y perjuicios cometidos supuestamente por resoluciones administrativas tomadas en el ámbito ambiental que estaban erradas.
Las advertencias de la municipalidad también se esfumaron porque luego de ordenar el derribo de algunas edificaciones, nuevos informes técnicos y el pago de deudas pendientes dieron por concluido el proceso contra la empresa.
Un caso, dos historias
La polémica en torno a Pedregal inició en el 2002, cuando el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) demostró daños ambientales en el manto acuífero sobre el cual se ubica el tajo (donde se extraía material utilizado para proyectos viales) y en vista de ello declaró su cierre.
Paralelo a este hallazgo, la Municipalidad de Belén decretó dos años después que algunas edificaciones situadas dentro del complejo industrial debían ser demolidas por estar en zonas protegidas.
En estas se incluía los edificios administrativos y fabriles incluyendo el tajo, plantas de concreto y asfalto y la fábrica de bloques.
Un tercer actor en este proceso es la Dirección de Geología y Minas, el cual suspendió la concesión del tajo a raíz de los informes emitidos por la Setena.
En el primer aspecto, Pedregal entabló dos juicios contra el Estado. Uno de ellos se denomina juicio especial minero (aquellos relacionados con el Código Minero) y el otro es por daños y perjuicios.
Rafael Ángel Zamora, presidente de la corporación, está confiado en que ambos procesos concluyan finalmente que nunca hubo daño ambiental y que todo fue producto de celos empresariales de la competencia que supuestamente habría influido en los funcionarios públicos.
Aunque un juez determinó que la concesión del tajo debía otorgarse de nuevo, la empresa prefiere esperar el fallo del juicio minero para volver a explotarlo. Mientras tanto trae material de otros tajos y procesa en Belén.
“Ha quedado claro que no incurrimos en afectación del acuífero ni fuimos responsables de la contaminación del agua ni que estábamos en zonas de protección”, destacó Zamora.
Aldo Milano, abogado especializado en temas ambientales que asesora a la compañía, confirmó que ambos procesos están pendientes de resolución por eso está inhibido a dar detalles.
Solo recordó que en las dos demandas se tomaron medidas cautelares por parte de los tribunales de justicia y los actos administrativos para detener operaciones quedaron suspendidos y sujetos a una serie de compromisos por parte de la empresa, los cuales se están ejecutando.
¢6
millones pagó Pedregal a la Municipalidad, que es el 50% de deuda original.
10
patentes muncipales posee la empresa para sus diferentes filiales ubicadas en Belén de Heredia.
EF supo que en el juicio especial minero el pulso lo va ganando la empresa pues logró demostrar que los límites de protección usados por la Setena aparentemente son errados, lo cual provocó la emisión de una me-dida cautelar contra el Estado.
Esto significa que la orden de cerrar operaciones queda suspendida y que el tajo puede continuar extrayendo material.
Y ¿por cuánto es la demanda? Sin revelar el dato, Zamora dijo “por lo mismo que nos hubiéramos ganado durante todos estos años y que consta en las declaraciones de renta”.
Se trató de conocer la posición de la autoridad ambiental pero fue imposible conversar con Sonia Espinoza, nueva jerarca de la Setena. Sin embargo, se supo que el caso está en revisión por parte del departamento jurídico.
Cuestión de criterios
En lo que atañe a la municipalidad existía una advertencia sobre Pedregal que debía demoler edificaciones ubicadas supuestamente en zona de protección que se habían levantado sin permisos de construcción .
“En el fondo lo que había era una intención para que la empresa se pusiera a derecho en lo que a procesos constructivos se refiere”, dijo Ennio Rodríguez, director jurídico del municipio.
Otro asunto se refería a la supuesta invasión de zona de protección de algunos inmuebles del complejo industrial para lo cual se ordenó la demolición.
La compañía recurrió a una serie de apelaciones y según Rodríguez el tribunal contencioso anuló todo lo actuado por parte de la municipalidad argumentando que el procedimiento no se hizo bien, específicamente en el tema de notificaciones.
La orden de derribar edificios fue suspendida porque surgió un informe sobre alineamientos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) que les obligó a retrotraer la orden. La nueva medición dejó por fuera de la zona de protección forestal los edificios cuestionados.
Óscar Valle, encargado de alineamientos del INVU, explicó que a pesar de ser un tema ambiental cuya competencia debería recaer en el Minae, la ley 7575 indica que es el INVU el encargado de definir los límites sobre zonas de protección en cuanto a áreas de bosque, ríos, lagos, embalses naturales y de recarga y mantos acuíferos.
“Nuestro trabajo es poner un número y un sello según los criterios establecidos en dicha ley. El problema es que no existe un reglamento que defina claramente el procedimiento a seguir en estos casos, queda siempre a discresión del funcionario que hace la medición”, recordó Valle.
Para la municipal belenita, el caso de Pedregal es un asunto cerrado. Además, la compañía canceló una deuda pendiente durante 20 años que sumaba ¢12 millones por concepto de permisos de construcción.
Gracias a la amnistía tributaria (de setiembre del 2006 a setiembre del 2007) la compañía canceló ¢6,1 millones, dijo Jorge Retana asistente del alcalde.
Lío de ocho años
La Setena determina daño ambiental en manto acuífera y ordena en el 2001 cancelar operaciones de Belén.
Setiembre 2002
Setena ratificó su decisión y en el 2003 determinó que se habían irrespetado las pautas del cierre.
Octubre 2003
Estado dio un plazo de 15 días a Productos Pedregal para el cierre, la empresa impugna resolución.
2004
Pedregal se enfrenta además a la orden de demolición de algunas edificaciones por parte de la Municipalidad.
2006-2007
La empresa demanda al Estado se toman medidas cautelares, sigue operación y paga deudas tributarias.
Tribunal Ambiental Administrativo: El expediente Pedregal aún está abierto para el Tribunal, de acuerdo con su presidente, José Lino Chaves.
Coadyuvar. Este órgano adscrito al Minae coadyuvó en su momento con las acciones que están dentro de su competencia, para evitar el daño ambiental que, al parecer, se estaba generando en Belén.
De nuevo. Chaves comentó a EF que realizarán algunas gestiones para determinar la situación actual de las operaciones de esta compañía, por supuesto en lo que a ambiente se refiere.
Sin trabas. Si bien existen medidas cautelares contra el Estado que paralizaron actos administrativos de cierre y demolición, en el caso del TAA no existe órdenes de ningún juzgado ni de la Sala IV que les prohíba actuar.
Medidas: Como órgano sancionatorio también tienen competencia para revisar los alineamientos definidos por el INVU .
Fuente José Lino Chaves, TAA.
