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Economía y Política # 680

Javier Flores Galarza Un tercio del plan de alimentos en el limbo

Seguros de cosechas y crédito al productor sin recursos

El Financiero

Garrett Britton archivo gn /Para EF

Ministro de Agricultura y Ganadería

Han pasado tres meses desde que se anunció un plan nacional de alimentos con ¢44.000 millones, y casi una tercera parte de los recursos no se concretaron.

Se trata de casi la mitad de los fondos destinados a los productores, ¢26.000 millones. Solo ¢14.000 millones se incluyeron en un presupuesto extraordinario para apoyar a pequeños productores y el resto quedó en el limbo.

En el Instituto Nacional de Seguros (INS) alegan que se requiere de una ley y no una directriz para destinar los ¢4.000 millones anunciados para seguros de cosechas. Esa ley no existe.

En el sector bancario, consultas de EF evidenciaron que tampoco se concretó el anuncio de los ¢8.000 millones que se dirigirían a crédito agropecuario.

Sin embargo, el ministro Javier Flores aseguró que no faltarán fondos: ahora gestionan $60 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mientras, el panorama negativo para el productor agrícola se agudiza con la crisis provocada por los precios de los insumos, y la reforma del sector aún no arranca. Por ello, aunque el Ministro asegura que hay que cambiar todo lo que se viene haciendo en este campo, su meta solo consiste en iniciar el cambio en lugar de concretarlo.

El presupuesto del MAG cayó 40% en términos reales del 2004 al 2008. ¿Hay que pensar en más recursos para el sector agropecuario?

Definitivamente. En esto tenemos gran conciencia en Hacienda y Presidencia al ver cómo salió rápidamente el plan nacional de alimentos con ¢44.000 millones. Esperamos fortalecer el presupuesto para el año próximo.

Pero habían hablado de ¢4.000 millones para seguros de cosecha con una directriz en el INS, y en esa entidad nos dicen que se requerirá ley.

Habrá que presentar una ley, lamentablemente es un camino muy difícil, pero nos dicen en el INS que no hay otra posibilidad legal.

Tampoco están los ¢8.000 millones de la banca para créditos a productores.

Lamentablemente los bancos entraron en insuficiencia patrimonial por varias razones, como la expansión de crédito en áreas no relacionadas con la producción. Pero no nos hemos quedado quietos, trabajamos en una propuesta del BCIE de un fideicomiso de $600 millones para los países de Centroamérica, de los cuales $60 millones son para Costa Rica, y $40 millones para financiar la parte productiva”.

¿Entonces, los fondos para productores no estaban amarrados?

Estaban amarrados, lamentablemente se desamarraron de camino. Ahora sí vamos a tener mayor disponibilidad, con la banca de desarrollo, pero estamos en la elaboración de los reglamentos... No es nada fácil.

El panorama es duro para los productores, hay insumos que aumentaron un 110% en solo un mes. ¿Hay que cambiar estructuras de costos?

Más que fijar costos y precios, tenemos una realidad a nivel mundial, la cual hace que tengamos que trabajar las cosas de forma diferente, no podemos seguir haciendo lo mismo.

“Lo primero, no podemos seguir abonando porque sí. Hay que realizar análisis de suelo y foliares para usar cantidades exactas. Esto se venía haciendo, pero hay que bajar a nivel de detalle y de cultivos”.

Hay un aspecto de cultura que puede afectar.

En el campo es un tema muy importante, porque es más difícil incidir en las personas mayores. Esto no se logra en un año, ni en dos, debe ser un cambio de conducta, producto de un trabajo intenso con los medios de comunicación. Vamos a tener un programa de difusión a nivel técnico. Muchas veces se nos había olvidado lo que teníamos que hacer a nivel técnico ¿verdad?

¿Cual es la meta?

Lo que queremos es dejar iniciado el proceso, completo, en todas las áreas, e incluso fortalecer el sistema de producción de agricultura orgánica. Hay una ley y un reglamento en trámite, pero pasa por fortalecer el sector institucional.

¿Qué pasará con los otros insumos, como los plaguicidas?

Es algo muchísimo más lento, lo que hacemos aquí es investigar en detalle la cadena de agroquímicos, encontramos diferencias de precios entre el 90% y 130%. Es una cadena bastante ineficiente.

Pero el reglamento para la inscripción de plaguicidas está en el limbo desde el 2004.

Estamos empezando a sacar la presa, vamos por un 50%, e incluso hubo una intervención del servicio fitosanitario. En este servicio, perfilamos una reorganización administrativa, y sacar la gente a las regiones, supervisar mercancías en las plantas empacadoras y no en el puerto.

¿Van a revisar lo que estaba planteado con el Mipro, CNP, IDA?

Más que Mipro, lo que tenemos que hacer es redefinir las funciones del sector a nivel institucional, pero dándole las funciones directivas que requiere.

“No significa echar atrás los vicios que se venían eliminando, y hacer más de lo mismo. No, es con un esquema nuevo. Es replantearnos toda la función de servicio que el CNP venía haciendo durante años, en lugar de compra y venta ser una conexión entre productores y comercializadores”.

¿Para cuándo estas reformas?

Estamos en eso. No te puedo dar fechas.


Javier Flores, ministro MAG
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