Istmo
15% de aumento en salario mínimo de Nicaragua
17/01/2008 11:00 AM
Por segunda vez en menos de un año, el gobierno de Nicaragua fijó un nuevo incremento al salario mínimo para unos 120.000 trabajadores, pero sin el consenso de la empresa privada, que forma parte de una comisión tripartita sobre remuneraciones.
Después de varios meses de negociaciones y la presentación de diversas propuestas de los tres sectores (Gobierno, sindicatos y empleadores privados), el Ministerio de Trabajo resolvió aplicar un incremento de 15% para nueve sectores de la economía: agropecuario, pesca, minas y canteras, industria, servicios y comunicaciones, construcción, financiero, domésticos y personales y gobierno central.
El nuevo salario mínimo promedio será de $100 mensuales y entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de este año.
Con el incremento los aproximadamente 120.000 trabajadores que devengan un salario mínimo completan 33%, ya que en junio del año pasado se autorizó 18%.
La decisión de aumentar el 15% fue anunciada horas antes por el presidente Daniel Ortega, pero fue hasta en horas avanzadas de la tarde del miércoles que la ministra de Trabajo, Janneth Chávez, lo oficializó con la presencia de sindicatos afines al gobierno y miembros de la pequeña y mediana empresa nicaragüense.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, explicó que ellos habían propuesto un incremento del 12% para siete sectores y de un 8% para el sector de zonas francas y vigilancia privada.
“Desde el inicio yo dije que era una negociación entre comillas, porque esta no es una negociación sino una orden del gobierno”, dijo Aguerri.
La ministra Chávez negó que el presidente Ortega haya orientado el porcentaje de aumento.
Él dirigente empresarial llamó la atención al hecho que los mismos sindicatos que ahora firman con el gobierno de Ortega, son los mismos que peleaban con los anteriores gobiernos por un mayor incremento salarial.
Aguerri afirmó que el sector privado es respetuoso de la ley y pagarán el incremento tal como lo indicó el Ministerio del Trabajo, que según la ley tiene la potestad para hacerlo en caso de no encontrarse el consenso entre todas las partes.
