En Portada

Artículos Edición # 671

El rostro de la desigualdad

Ana Cristina Camacho Sandoval

Este paciente tendrá que someterse a nuevas radiografías y análisis porque su condición no mejora. Los tratamientos aplicados han sido insuficientes para que Costa Rica disminuya el padecimiento de 936.000 personas que viven en condiciones de desigualdad social.

Más Información

---

Decidir, ejecutar y avanzar

Uno de los males que padece el país, y del cual ningún gobierno reciente ha estado exento, es la dificultad para tomar decisiones y la incapacidad para ejecutarlas de manera oportuna. Son múltiples las instancias que nos muestran que nos hemos acostumbrado a llegar tarde a todo o, simplemente, a no llegar sin siquiera avisar que no lo haremos.

Desde el atraso injustificable en la tramitación de las leyes del Cafta hasta la irritante demora en la construcción de vitales obras públicas, anunciadas con bombos y platillos más de una vez, pero cuya finalización en pocas ocasiones presenciamos, pasando por los planes de gobierno que se desvanecen cuando cambia el jerarca respectivo.

A menudo se recurre al trillado argumento de que el problema es que las leyes necesitan reformarse, que los convenios están mal negociados, o que los procedimientos son engorrosos. Mucho puede haber de cierto en ello, pero, en el fondo, siempre se asoma ese temor a decidir y asumir el riesgo que implica construir y avanzar, aunque en el camino nos equivoquemos. La cadena de proyectos inconclusos que exhibe el Consejo Nacional de Concesiones, a pesar de contar con un marco legal que ya tiene sus años o el frustrante ejercicio de estira y encoge mostrado por el Cetac con el gestor del Juan Santamaría durante tantos meses, son solo dos ejemplos de esta realidad.

Cuando se trata de entorpecer un trámite, exigir requisitos adicionales, abusar de los recursos jurídicos, o acudir a cuanta instancia administrativa o judicial se nos ocurra, nuestra creatividad no tiene límites. Ni qué decir cuando de lo que se trata es de destruir lo poco que a veces se avanza. Con esta actitud se pierden oportunidades, la infraestructura se deteriora, los índices sociales se ven amenazados y el desaliento se asoma, mientras que muchas otras naciones sí logran progresar en forma sostenida, atienden y resuelven sus problemas.

Bien podríamos afirmar que lo descrito es, en general, una característica de la idiosincrasia nacional, aunque es en el sector público donde luce más evidente. No existe el valor del tiempo, la discusión vacía prevalece sobre la acción, el entorpecer se convierte en emblema, y se pretende que, con evadirlos, los problemas desaparecerán. Además, la despiadada persecución a la que son sometidos quienes se atreven a romper este esquema de cosas, constituye un aliciente adicional para el inmovilismo y, peor aún, para que aquellos decidan alejarse de la función pública.

En este contexto, dos noticias aparecidas en la edición Nº 670 de EF, nos pueden servir para la reflexión. Por un lado, es motivante el entusiasmo y disposición con que el Ministro de Ambiente y Energía asegura que existe un plan de trabajo en marcha para que la apertura del sector de telecomunicaciones pase a ser pronto una realidad y que los reglamentos respectivos y los cambios institucionales estarán listos a tiempo. Costa Rica está urgida de resultados tangibles y esta reforma, al igual que la del sector de seguros, es una oportunidad especial para demostrar que se puede. Ojalá que, en efecto, las palabras del Ministro no sean solo promesas en el aire.

Al mismo tiempo, sin embargo, el coordinador de la comisión asesora para la reforma del Estado reconoce que, a la traída modernización del sector público, todavía le queda mucho trecho por recorrer. Más allá del aparente consenso por recuperar la eficiencia gubernamental y las muchas propuestas en discusión, se requiere de acciones concretas y de una rendición de cuentas efectiva que les demuestren a los contribuyentes que las instituciones y los funcionarios que allí laboran están efectivamente a su servicio. Este es un paso que no puede seguir postergándose sin que la confianza en el sistema democrático se vea lastimada aún más.