En Portada

Artículos Edición # 673

La reina de los licores

Sergio Morales Chavarría

En el gusto costarricense por las bebidas alcohólicas reina la cerveza. Otros licores –como el whisky y el vino– figuran como súbditos en esta monarquía.

Más Información

Vino es la revelación en el mercado tico

Sergio Morales Chavarría

Las importaciones, el consumo y la preferencia indican que el vino es el producto revelación en el mercado costarricense de los licores.

Más Información

---

Banca de retroceso

Algunas disposiciones de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) son un retroceso en la modernización del sistema financiero que no tiene justificación, aun cuando se enarbole el objetivo de ampliar el acceso al crédito de poblaciones excluidas.

Hoy en día, son pocos los que se opondrían a algún tipo de política que contribuya a mejorar el alcance del sistema financiero, es decir, a ampliar la cobertura a poblaciones de diferentes niveles de ingreso, ubicaciones geográficas y género, entre otros.

No obstante, la pregunta es ¿por qué debe lograrse ese objetivo de una manera que puede no ser sostenible, que distorsione el sistema financiero, que sea blanco de abusos, entre otros? Una primera debilidad del SBD es que hereda una cartera que arrastra problemas, y a esto se agrega un pésimo precedente en el arranque, que fue la condonación de una parte importante de los créditos agropecuarios del Fidagro, lo cual nos recuerda las épocas en que los productores (casi siempre grandes) se aprovechaban de estas piñatas.

El SBD deberá evitar que en un futuro le trasladen cartera mala de los bancos u otros intermediarios para no convertirlo en el basurero de unos y la piñata de otros.

Las políticas dirigistas en materia crediticia vuelven a revivir en esta ley.

Primero, con asignaciones predefinidas de las actividades económicas a las cuales se debe prestar (40% para el sector agropecuario) y, segundo, con definiciones, también por ley, de las tasas de interés que se cobrarán sobre los créditos. Recordemos dos cosas de nuestra propia experiencia: uno, que lo que importa es dar crédito a quien tiene proyectos rentables, independientemente de su actividad económica, porque así se asegura que los recursos de la economía se asignan de la mejor forma.

Si el problema es la falta de historial crediticio o de garantías del sujeto de crédito, por ejemplo, resolvamos el problema por esa vía y no por disposiciones forzosas.

Lo otro que importa es dar crédito a tasas de interés que permitan cubrir los costos de otorgarlos, ya que de lo contrario el SBD no será sostenible en el largo plazo. Muchas instituciones financieras en el mundo han logrado cubrir satisfactoriamente a poblaciones anteriormente excluidas por medio de tecnologías bancarias y productos más aptos para sus características, de tal forma que han logrado bajar los costos de transacción para los usuarios finales y, a la vez, mantener su viabilidad financiera.

El caso de BN Desarrollo es un buen ejemplo de que esto se puede lograr. Quienes formularon la Ley del SBD, lamentablemente, siguen excesiva e innecesariamente preocupados solo por las tasas de interés explícitas.

No podemos dejar de mencionar la confusión que parece crear la estructura de gobierno corporativo establecida. Se crean dos instancias: el Consejo Rector y el Consejo Asesor Mixto. Este último, en particular, puede ser decorativo o destructivo, según el poder que en la realidad llegue a ostentar. Uno porque no tiene realmente poder de decisión y lo otro porque está compuesto por grupos de interés que podrían distorsionar aún más el funcionamiento del SBD.

Algunas de las debilidades mencionadas podrían corregirse parcialmente con el Reglamento que se redacte a la ley.

Instamos a las autoridades a estudiar detenidamente cuáles son los portillos que deberían cerrarse para evitar mayores distorsiones al sistema financiero, inviabilidad financiera y abusos en un futuro, y lograr entonces mejores resultados.

Asimismo, si realmente este es un área de verdadera preocupación, el Gobierno y las instituciones pertinentes deberían ahondar más en el análisis del problema del acceso a los servicios financieros: determinar cuánto de la falta de acceso es exclusión y cuánto es autoexclusión, cuáles son las verdaderas causas de la exclusión, qué otras medidas de carácter institucional o regulatorio contribuirían a mejorar el acceso, entre otros.

Creemos que si hubiera existido mayor información, conocimiento y criterio a la hora de formular y aprobar la Ley del SBD, muchas de las debilidades señaladas se hubieran podido evitar.