Economía y Política
Compartir Enviar Imprimir Comentar RSS
El Financiero
En 1997 la Sala IV anuló la multa por conducir sin cinturón . No se ordenó la devolución del dinero a los que la pagaron; los demás se libraron de ella.

Manuel Vega Archivo GN /Para EF

Atrapados ¢475 millones

Solo la Sala IV dirá si hay que pagar las 95.040 multas por la restricción vehicular

Tras la decisión de la Sala Constitucional que anuló los decretos de la restricción vehicular, solo queda esperar con paciencia su redacción del fallo.

Como aún no hay certeza, EF consultó a tres especialistas sus interpretaciones de un “por tanto” muy escueto, que, aunque parezca increíble, no dice qué pasará con las multas puestas y las ya pagadas.

Por eso, los ¢475.200.000 que recibiría el Estado por las 95.040 multas de ¢5.000 impuestas en 11 meses y medio en que la policía de tránsito hizo respetar la restricción, no tienen destino seguro, y la opinión de todo abogado especialista en derecho público va acompañada de la frase “pero no hay nada seguro, tenemos que esperar la redacción del voto”.

Por eso, ponga atención a los tres escenarios posibles si quiere ver cómo puede salir la rifa del mandato constitucional.

El primero, según lo interpreta el especialista en derecho público Aldo Milano, se basa en una frase del por tanto.

“Esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos a partir de la fecha de este voto”.

Milano ve en ese texto que los efectos de la sentencia serían solo del viernes 12 de junio pasado hacia adelante, por lo que no se anulan las multas y habría que pagarlas de todos modos.

El segundo escenario, descrito por Geovanni Bonilla, especialista en derecho administrativo, es que los magistrados determinen que los que no pagaron las multas ya no las paguen, y que luego la Sala determine qué pasa con los que ya lo hicieron, ya sea por renovación o restitución de la licencia de conducir, por que la pagaron con el marchamo o porque voluntariamente atendieron al sistema bancario nacional a cumplir con su obligación.

Bonilla no se aventura a predecir lo que pasará con las multas que ya fueron honradas. “Habrá que esperar el fallo íntegro de la Sala Constitucional para clarificar cómo procede en el dimensionamiento de los efectos retroactivos en este caso”, aseguró.

El tercer escenario es el que quizás traiga más felicidad a los ciudadanos que no quieren pagar los ¢5.000: que la Sala Constitucional decrete que las multas sin pagar se quedan así, y que se le devuelva el monto a los otros.

¢5.000

Multa por irrespetar la restricción vehicular declarada inconstitucional. La nueva sería de ¢34.000.

Así lo valora el asesor jurídico del Cosevi, Carlos Rivas. “Podría parecer lógico que las multas que se pagaron con base en un decreto que ‘fallece’ con la anulación no se paguen y que los que las pagaron reciban el dinero de vuelta”, aseguró Rivas.

Sin embargo, como todos sus colegas, este abogado reconoce que sin el fallo completo es difícil saber qué pasara con las multas, y acepta que lo que se conoce hasta ahora de la sentencia permite también interpretar que la resolución no da efectos retroactivos (o “hacia atrás”) a la decisión de la Sala Constitucional, tal y como lo ve el abogado Milano.

Aunque no son hechos comparables y la graduación de los efectos retroactivos se da caso por caso, en 1997 la Sala IV declaró contrario al ordenamiento el inciso f) del artículo 132 de la Ley de tránsito de 1993, que imponía una multa a quien no portara el cinturón de seguridad.

En el por tanto de ese voto, los magistrados determinaron que quienes ya habían pagado las multas por esa norma declarada nula no iban a recibir el dinero de vuelta, y quedaron totalmente librados de la multa los que no la habían pagado.

Una norma vaga

El problema es que el por tanto de la sentencia se queda muy corto. La Ley de jurisdicción constitucional, que podría dar una luz sobre lo que pasará con las multas, en el artículo 91 establece que los efectos de la anulación de una norma o decreto por inconstitucionalidad implica que los efectos se retrotraen, o “echan para atrás”.

Sin embargo, en el segundo párrafo abre la puerta a que la Sala gradúen los efectos “hacia atrás”, cuidando que no se afecte gravemente la “seguridad, la justicia y la paz sociales”, términos absolutamente vagos y de amplia interpretación, que no dejan al ciudadano la posibilidad de atenerse a algo.

“Esa incerteza en un reflejo de las amplísimas facultades que le concede la ley a la Sala Constitucional”, considera Carlos Rivas, asesor jurídico del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Luego, no se confunda, aunque la ministra de Transportes, Karla González, planee restablecer la restricción por medio de otro decreto basado en la Ley de tránsito nueva –con una multa de alrededor de ¢34.000 al que la irrespete–, será un asunto aparte, que legalmente no puede, ni pretende, resolver la incertidumbre del destino de las multas. Ese nuevo decreto no tiene nada que ver con las multas.

La responsabilidad de cobrar o de devolver el dinero de las multas, dependiendo de lo que diga la Sala, sería del Cosevi, según Rivas.

Si fuera necesaria la devolución del dinero de las multas, cada uno de los ciudadanos afectados tendría que iniciar el trámite por su cuenta, pero eso no está definido.

El Gobierno también está esperando con inquietud el texto final del fallo.

Bookmark and Share Enviar Imprimir Comentar RSS
INFORMACIÓN RELACIONADA
mediakit
©2009 El Financiero. El contenido de El Financiero no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito del medio. Escríbanos a editor@elfinancierocr.com