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Financiamiento ahoga concesiones

Misión del BID visitará el país para estudiar viabilidad de inyectar recursos a diversos proyectos

“Ningún banco nos quiere financiar ni un autobús, y tenemos que conseguir crédito para al menos 100”, comentó Ricardo Sáenz, presidente del consorcio MPT.

El dilema del grupo que todavía espera sacar adelante las rutas intersectoriales refleja que el financiamiento está ahogando las concesiones en el país.

Es un problema que ya era serio por las diferencias entre los costos estimados en los carteles, al iniciar estos procesos, y los precios vigentes al firmar contratos o iniciar las obras.

Ahora, la crisis financiera complica este panorama.

“Nos está afectando seriamente. Apenas el país empezaba a poner a caminar las concesiones, nos cayó la crisis. Por eso la bancabilidad de cada proyecto es fundamental. Si los bancos no se montan a una concesión, no va a ningún puerto”, sentenció Karla González, ministra de Transporte.

Los ejemplos cunden y van por igual desde proyectos de unos $10 millones, como las intersectoriales, a los $300 millones, de la carretera a San Ramón, o incluso los $600 millones, que requerirían obras de iniciativa privada que empiezan a realizar los estudios de factibilidad.

Sáenz dijo que ante el anuncio de que el Gobierno relanzará el proyecto de las interlíneas en agosto han buscado financiamiento sin éxito.

“Hemos intentado con el BCIE, incluso con bancos en Brasil, con banca pública y privada y no hay señales, eso nos tiene detenidos. Necesitamos ayuda”, afirmó.

Problemas de financiamiento también afectan el inicio de las obras del corredor a San Ramón.

Voceros de Autopistas del Valle alegan que las expropiaciones y reasentamientos del derecho de vía encarecieron las inversiones originales, lo que obliga a buscar más recursos de los previstos en el contrato.

Esto coincide con un desmejoramiento de las condiciones crediticias del entorno, indicaron en la empresa, pero advirtieron que no pueden adelantar conclusiones.

Empero, la Ministra declaró que una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) visitará el país el 12 de julio.

“Verificarán los fondos que se requieren en varios proyectos y esperamos que se interesen por ellos. Inyectarían recursos a concesionarios”, explicó.

La jerarca externó la esperanza de que el proyecto de San Ramón sea beneficiado con esta misión, ya que funcionarios del BID demostraron interés en obras de preinicio para este corredor, como expropiaciones y los trámites ambientales.

“Mantenemos el interés en las intersectoriales, pese a que ahora es una locura con las dificultades para el financiamiento”. Ricardo Sáenz, presidente, Consorcio MPT

“Las expropiaciones y el encarecimiento de las inversiones nos obliga a captar más recursos financieros de los previstos en el contrato”. Autopistas del Valle

Problemas en la vía

La aridez financiera se suma a los problemas internos de los concesionarios, y se multiplica con situaciones relacionadas con trámites que aún muestran grietas a lo largo del proceso.

“Hicimos una gran inversión para contratar 80 choferes, adquirir 100 buses e instalar terminales, y 24 horas antes de iniciar el servicio, un recurso paró todo”, manifestó Sáenz.

El resultado: El consorcio MPT se desmanteló, se repartieron los activos entre 33 líneas de autobuses integrantes y se heredó una deuda de $8,5 millones.

A pesar de ello, Sáenz comentó que están dispuestos a empezar de cero y volver a arrancar con el proceso, que el Gobierno espera relanzar en agosto. Eso sí, advirtió que aún en el caso de lograr el financiamiento, requerirían de al menos seis meses para poner a andar el proyecto, para encargar las unidades y traerlas al país.

En el caso de San Ramón, los conflictos son similares a los que se presentaron con procesos similares, como la gestión interesada del aeropuerto Juan Santamaría: atrasos al principio hacen que los costos iniciales se desactualizan, y no hay mecanismos legales ágiles para actualizar los precios.

Autopistas del Valle alega que el proyecto se analiza desde todos los puntos de vista: legal, económico, financiero y de interés público, pero sin precisar aún posibles acuerdos.

Por su parte, el viceministro de concesiones, Guillermo Matamoros, actual titular del CNC, admitió que esta entidad todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje en estas materias.

“En el proceso de negociación del contrato se encuentran siempre cosas que no se previeron en el cartel, hay que regularlas pero eso provoca un estira y encoge con el adjudicatario”, aseguró.

Volver a caminar

El tema del financiamiento y las actualizaciones también se debe considerar en las obras de iniciativa privada, que el CNC ha desempolvado.

Dos proyectos vinculados a Limón (ampliar la ruta 32 y el megapuerto de transferencias) recibieron aval para preparar estudios de factibilidad, paso previo a una licitación que permitiría empezar a recorrer este camino, en el que terminan por convertirse en concesiones.

Se trata de proyectos con montos más elevados, lo que obligará a resolver antes los problemas de financiamiento.

En esto no hay más que esperar a que amaine la tormenta.

Las autoridades admiten que se requiere de reformas legales, desde agilizar expropiaciones a acortar procesos de licitación, desde mejorar la negociación de los contratos, a dar herramientas al CNC para que pueda valorar opciones diferentes de estructuración financiera –en palabras de Matamoros–, lo que permitiría una flexibilidad que podría haber evitado los problemas en San Ramón y Caldera.

El tiempo pasa, y a la actual administración le queda poco.

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