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El Financiero

Insensatez piñera

Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas

En 23 años, el país pasó de sembrar 3.400 hectáreas de piña a 50.000, pero a la par de este crecimiento también ha recogido los frutos de la insensatez empresarial de este sector.

Esa cosecha incluye impactos negativos en ríos, quebradas, zonas boscosas y poblaciones aquejadas por contaminación del agua potable y plagas de moscas.

El suelo es el mayor perdedor. Expertos de la Earth alertan que uno de los principales problemas es la erosión. Capas de suelo fértil que se pierden con cada cosecha y que provocan la pérdida de la capacidad productiva del terreno.

“A este nivel de erosión en 20 años serán tierras improductivas que habrá que abandonar”, advirtió Ramón León, profesor de esa universidad.

La inundación de cultivos de piña es evidente. Hay siembras en el sur, el norte y el atlántico, pero este año también se sumaron la península de Nicoya y el Pacífico Central.

En el país había 3.400 hectáreas sembradas de piña en 1986. En el 2000 subió a 11.000, el año pasado llegó a 42.500 y este año, las autoridades agrícolas reconocen que hay 50.000 hectáreas cultivadas.

Todas estas tierras entraron a la piña sustituyendo cultivos como yuca, tubérculos, banano, melón, caña o arroz.

Solo para dar un ejemplo, Grupo Acón, productor de banano ubicado en el Caribe, sustituyó al menos 2.500 hectáreas de bananales por piñales. Lo mismo han hecho las transnacionales Dole y Del Monte así como cientos de pequeños parceleros del país.

Costa Rica es el primer exportador de piña variedad golden del mundo: pasó de vender $125 millones en el 2000 a $573 millones el año pasado.

A esta explosión productiva se ha unido la falta de controles y previsiones por parte del Estado, que junto a los empresarios fue incapaz de prever que, al lado de las jugosas ganancias que producen las exportaciones piñeras, se fermentaban también graves problemas ambientales y sociales.

19 denuncias

Parte de la cosecha de malas prácticas empresariales son 19 denuncias contra piñeras de Limón, Heredia y Alajuela que investiga el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Muchas de esas denuncias se enfocan en problemas de erosión y contaminación de aguas, la mayoría en contra de compañías ubicadas en el Caribe.

León y Edgar Alvarado, también profesor de Earth, explicaron que como en esa zona llueve tanto (hasta 5.000 milímetros al año) la erosión es mayor así como la tendencia a aplicar más plaguicidas.

Los especialistas reconocen que no es un problema solo de la piña, pero la intensidad con que se produce, dimensiona las malas prácticas.

Se trata de herbicidas que controlan malezas pero se adhieren poco al suelo. Cuando se aplica en exceso va a dar a las fuentes de agua por efecto de la gravedad, la escorrentía y la falta de drenajes adecuados.

Para ellos, es probable que existan niveles altos de agroquímicos en más cuerpos de agua cercanos a otros cultivos agrícolas intensivos.

En relación con el caso de contaminación de acuíferos en Siquirres –que produjo el cierre temporal de una planta Del Monte–, la ministra de Salud, María Luisa Ávila, dijo que el mayor riesgo que se corre por las producciones intensivas es el daño a mantos acuíferos.

1.300

productores de piña hay actualmente en el país: 1.200 son pequeños según Canapep.

30-35%

es la diferencia porcentual de precios que pagan de más los europeos por la piña orgánica.

97%

de la piña que se produce en Costa Rica es de la variedad golden, más dulce y amarilla.

90

denuncias por problemas con recurso hídrico había recibido el TAA al 30 de mayo de este año.

“Creo que sí hay controles, pero sin duda lo que nos falta es ejercerlo con más fuerza y de manera coordinada entre todas las instancias correspondientes”, aseveró.

La jerarca insiste que se debe lograr un equilibrio entre la producción y la protección del ambiente.

Sobre los niveles de agroquímicos (por ejemplo, el bromacil), Ávila admitió que Salud y Acueductos y Alcantarillados (AyA) aún no se ponen de acuerdo sobre cuál es el nivel aceptable. Sí coinciden en que los acuíferos deben protegerse a toda costa.

En defensa propia

Los exportadores se defienden diciendo que los agroquímicos usados y las dosis aplicadas se apegan a lo fijado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y a las especificaciones de la etiqueta del producto.

Abel Chaves, presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), mencionó que los principales mercados han desarrollado una serie de certificaciones de calidad y de buenas prácticas agrícolas que “nos obligó a mejorar la parte social, laboral y ambiental”, entre ellas Global Gap, Rainforest Alliance y Tesko.

Chaves reconoce que existen problemas como con otros cultivos agrícolas. Dijo que la cámara ha insistido en que los futuros gobiernos deberán volver la mirada primero a lo ambiental y social porque el éxito de lo económico vendrá por añadidura.

Considera que la discusión sobre la contaminación de aguas y la corta de árboles se politizó.

Al respecto, grupos conservacionistas, comunidades y universidades estatales son de la tesis que la piña, como monocultivo, no es ambiental ni socialmente sostenible.

Julián Ruiz, director del proyecto Kioskos Ambientales de la Universidad de Costa Rica comentó que a pesar del crecimiento vertiginoso de las exportaciones, los 1.200 pequeños productores solo participan en un 4% de las producción total.

Esta es una actividad, dijo, controlada en su mayoría por grandes empresas extranjeras.

También dijo que además de perjudicar la salud, maltratar al ambiente, pone en riesgo la seguridad alimentaria del país al abandonarse el cultivo de tubérculos, hortalizas, arroz, frijoles y cítricos.

Desde el punto de vista social, dijo Ruiz, Buenos Aires de Osa tiene más de 30 años de producir piña y sigue siendo uno de los siete cantones más pobres del país. Esto ocurre con otras zonas piñeras como Guácimo, Siquirres Guatuso y Upala.

Chaves, de Canapep, refuta los argumentos anteriores al decir que hay otros productos tan intensivos como la piña: banano tiene 40.000 hectáreas, y cítricos 27.000.

Además, dijo, el sector emplea a 27.000 personas y pequeños parceleros, antes dedicados a otros cultivos, quienes mejoraron su calidad de vida.

Chaves rechazó la versión de Ruiz sobre la distribución porcentual de grandes y pequeñas empresas.

En el país –comentó– hay cuatro firmas transnacionales en el negocio: Del Monte, Dole, Banacol y Fytfes, que representan el 38% del área producida.

En lo que sí coinciden todos, exportadores, académicos y autoridades estatales, es que el vertiginoso crecimiento impidió al país reaccionar a tiempo y por esa razón hay ausencia de controles.

En medio de tanto debate, las palabras de Sergio Porras, gerente del Programa Nacional de Piña del Ministerio de Agricultura (MAG), podría marcar un norte. Es urgente, manifestó, sentar a todas las partes a analizar seriamente los impactos de la producción de piña en el país.

Hablar sería un primer paso, pero lo que urge son decisiones y soluciones.

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