Opinión
Compartir Enviar Imprimir Comentar RSS
El Financiero

Honduras merece algo mejor

Es lamentable la situación política que vive hoy Honduras por culpa de unos cuantos políticos que ignorando los más básicos valores de la democracia y el respeto debido a los ciudadanos que los eligieron, han decidido romper el orden institucional y poner al país en un entredicho internacional que sus ciudadanos no se merecen.

Sin embargo, como decimos en Sarapiquí, para comer pescado hay que tener mucho cuidado; en los últimos días ha sido común ver en algunos medios expresiones como: “…la comunidad internacional se volcó a favor de Zelaya” o “…Zelaya recibe apoyo unánime de la OEA” y otros similares. A esta altura de las cosas es importante separar la paja del trigo para poder hacer un análisis objetivo.

Para empezar ningún bando político está exento de responsabilidad, Zelaya y su gente más cercana ya habían roto en más de una oportunidad el ordenamiento jurídico, muchos de quienes recurrieron a los tribunales hondureños en los últimos tiempos para reclamar sus derechos frente a decisiones del gobierno que los violentaba, vieron como resoluciones judiciales eran ignoradas por las autoridades con argumentos como: “el juez se equivocó”.

Esta conducta de irrespeto a la división de poderes y finalmente a la institucionalidad, fue generando un aura de poder absoluto dentro de un grupo de autoridades, el presidente Zelaya a la cabeza, que pensó que podían gobernar el país como si fuera el feudo maderero donde hizo sus millones.

La gota que rebasó el vaso llegó cuando, desoyendo nuevamente una orden judicial que declaraba inconstitucional una “consulta pública”, Zelaya decidió realizarla a toda costa, recurriendo incluso a actos de saqueo en los que involucró a algunos de sus seguidores, incitando a la violencia y al rompimiento del orden público.

Lo que vino después fue peor aún que lo primero. Cualquiera que viva en una sociedad civilizada y democrática sabe que existen reglas, un marco legal e institucional dentro del cual se resuelven las diferencias.

Que la Asamblea, la Corte Suprema y hasta la Fiscalía acuerpen en forma unánime la decisión del Ejército de apresar y deportar al presidente de la República, y hasta le hayan seguido el juego nombrando sustitutos para las autoridades depuestas, no hace que el acto sea legal per se.

Hasta el día de hoy ninguna de las supuestas nuevas autoridades ha podido explicar el proceso legal seguido para destituir al Presidente Zelaya; peor aún, las contradicciones no pueden más que producir hilaridad y por qué no, también ira.

El Congreso por unanimidad aceptó la supuesta renuncia del Presidente de la República, según una carta leída en su seno; y solo unos minutos después aprueba una moción para destituir al Presidente, entonces: ¿Aceptó la renuncia o lo destituyó?.

Para ambas cosas se requiere un proceso transparente y apegado al ordenamiento jurídico, única forma de mantener la institucionalidad y de asegurar que los actos dirigidos a reponer el daño no sean más bárbaros que los que pretende corregir.

Violentada la institucionalidad por parte de todos los actores y siendo que las cosas habían llegado a afectar directamente la investidura de un Presidente de la República, en la aldea global en que vivimos hoy, el asunto deja de ser estrictamente interno y obliga a la comunidad internacional a intervenir.

Como es lógico en estos casos y como respuesta de una comunidad civilizada y democrática, lo más importante es rescatar la institucionalidad en Honduras. Es decir, permitir que las diferencias se diriman al tenor de reglas previamente acordadas por el pacto social escrito en la Constitución y el marco de las leyes que se aprobaron dentro del contexto de esta.

De acuerdo con esta lógica, lo que procedía era exigir la restitución del Presidente Zelaya a su rol de presidente, por haber sido elegido democráticamente y porque su destitución estuvo vulgarmente viciada y el acto constituyó en sí mismo un golpe de estado.

Esta acción rápida y contundente de la comunidad internacional de exigir la restitución del Presidente Zelaya a su posición, no representa de ninguna manera un espaldarazo a Zelaya ni a sus actos en el desempeño de sus funciones; es la forma de expresar que la institucionalidad debe ser salvada a toda costa, no importa si la medicina es dolorosa e incluso, si eventualmente una importante mayoría preferiría a Zelaya fuera.

Zelaya no es un héroe ni un “pobrecito” en esta historia, como todos los demás, tiene las manos sucias; él es simplemente el presidente electo democráticamente por un período que vence en enero próximo.

Es el juego limpio de la democracia; es probable que Honduras no se merezca un Zelaya, pero menos aún la situación a que la han llevado sus políticos; ojalá que la comunidad internacional pueda hacer que prive la ecuanimidad y las cosas regresen a su cauce sin mayores daños y así la institucionalidad salga favorecida, Honduras y su gente se lo merecen.

Bookmark and Share Enviar Imprimir Comentar RSS
INFORMACIÓN RELACIONADA
mediakit
©2009 El Financiero. El contenido de El Financiero no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito del medio. Escríbanos a editor@elfinancierocr.com