Opinión
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El Financiero

Hacia una política integral

Javier Llobet

Durante las últimas décadas se ha producido un aumento de la inseguridad ciudadana, entendiendo por ella el riesgo de ser objeto de un hecho delictivo asociado con la delincuencia tradicional; es decir, homicidios dolosos, lesiones dolosas, hurtos y robos, secuestros extorsivos y delitos sexuales.

Esto se ha reflejado, estadísticamente, en un aumento de los porcentajes de homicidios por 100.000 habitantes, que se situaban en aproximadamente 4 a principios de la década de los 90 del siglo pasado, pasando posteriormente a 8 en el 2007, para llegar a aproximadamente 11 en el 2008.

Se une a ello la existencia de un gran miedo al crimen, agudizado por el tratamiento que de la criminalidad se hace por la prensa amarillista, que ha convertido la seguridad ciudadana en uno de los problemas que más preocupan a los costarricenses, lo que le asigna una gran importancia electoral.

Como consecuencia de ello, los políticos caen fácilmente en un populismo penal, que los conduce a una competencia por lograr los réditos electorales que implica demostrar que son los más duros con la delincuencia.

Se señala que debe actuarse conforme al “sentido común”, el que indica que el aumento de las penas, el mayor encarcelamiento, la tolerancia cero y la mano dura, producen una mayor seguridad ciudadana, ya que los delincuentes –actuando también conforme al “sentido común”– se abstendrán por ello de cometer hechos delictivos.

Sin embargo, esta razonabilidad de los delincuentes no opera de esta forma tan simple.

Si por medio de mayores niveles de encarcelamiento se produjera una mayor prevención de la delincuencia y con ello una mayor seguridad ciudadana, Costa Rica debería haber disminuido en las últimas décadas las tasas de criminalidad y las de homicidios por 100.000 habitantes, ya que desde principios de la década de los años donoventas del siglo pasado hasta el momento actual la tasa de privados de libertad se ha duplicado.

Por otro lado, en 1994 se aumentaron drásticamente las penas de los delitos de homicidio, los delitos sexuales y la pena máxima de prisión, sin que ello se haya reflejado en una disminución de la cantidad de homicidios, sino, por el contrario, se produjo un aumento pronunciado de estos.

“La mejor política criminal es una buena política social, cuyo aspecto fundamental es la justicia social”.

No puede negarse la necesidad del derecho penal.

Sin embargo, hacer descansar la lucha en contra de la inseguridad ciudadana en la respuesta represiva, es un gran error, ya que el Derecho Penal llega tarde con respecto al hecho delictivo, es decir llega cuando ya se ha producido el delito.

Si se quiere realmente desarrollar una política integral de prevención de la delincuencia, debe desarrollarse una política social de lucha contra las causas sociales de la criminalidad.

Por ello un postulado básico de la criminología es que la mejor política criminal es una buena política social, que incluye como aspecto fundamental la justicia social.

Sin embargo, los efectos de ello no son inmediatos, sino a mediano y largo plazo, a lo que se une que incluso la mejor política social no va a erradicar totalmente la delincuencia tradicional, sino solamente la puede reducir a límites tolerables.

Debe resaltarse la exclusión social como un factor de riesgo, siendo uno de los problemas que se han acentuado durante las últimas décadas en Costa Rica.

Uno de los factores más preocupantes de exclusión social es la deserción escolar.

Hay que destacar la importancia de los incentivos económicos, como los desarrollados en el programa “Avancemos” (ayuda económica a estudiantes), pero son insuficientes, puesto que es fundamental despertar el interés de los estudiantes en el aprendizaje, de modo que el aprender sea divertido.

No debe olvidarse, por otro lado, la importancia de crear redes en las comunidades que faciliten la participación e inclusión de los integrantes, la solidaridad y respeto mutuos.

Debe destacarse al respecto la importancia de las casas comunales, parques, canchas para la práctica deportiva y lugares públicos.

Allí donde es mayor el capital social, menor es la problemática de la delincuencia.

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