Un empresario italiano, radicado en Brasil, intentó distraer un negocio fraudulento creando dos sociedades anónimas en Costa Rica –con testaferros costarricenses– que, a su vez, estaban conectados con supuestos socios en Panamá, Islas Vírgenes y en Gran Caimán.

Este empresario pretendió levantar fondos por medio de inversionistas, para comprar bienes inmuebles, así generó hipotecas que nunca pagó. Luego, adquirió los bienes nuevamente pero en procesos de remate y así se quedó con el dinero de inversionistas y con las propiedades.

Este caso de fraude, y el intento por recuperar activos de las víctimas de este negocio ilícito, mantiene ocupados a bufetes de abogados de Brasil, Panamá, Costa Rica y otros países que fueron objeto de la red de sociedades creadas para tal fin.

Los abogados forman parte de una red internacional nacida al amparo de la Cámara de Comercio Internacional y cuyo objetivo es combatir el crimen a escala comercial.

Bajo el nombre de FraudNet (creada en el 2004), hay abogados de más de 54 países, especializados en la identificación, rastreo y recuperación de bienes involucrados en operaciones fraudulentas locales y transfronterizas.

Representación tica

De Costa Rica, participa solo Facio Abogados, bufete que le correspondió, junto con otros colegas de la región y con el patrocinio de PriceWaterhouseCoopers, organizar en el país una de las dos reuniones anuales de la red.

Al evento asistieron más de 110 invitados, entre ellos, personeros del Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría General de la República.

“Los datos que se manejan a nivel mundial de reclamos potenciales, exceden los trillones de dólares y, en muchos de ellos, se notan denominadores comunes”, explicó Alejandro Pignataro, abogado miembro de la red.

Algunos de estos elementos utilizados tienen que ver con acciones comunes en negocios vinculados a sectores comodities (materias primas), afinidades de tipo religioso, con canalizar recursos a Suiza y el ofrecer retornos de inversión exorbitantes.

Pese a lo anterior, las reglas en cada país son distintas, en relación con la manera como las instituciones de justicia penal recaban pruebas, identifican activos, crean sistemas para cruzar bases de datos y siguen la ruta del dinero, comentó Pignataro.

El abogado enfatizó que el enfoque principal de la red es la cooperación internacional para permitirle a los clientes recuperar sus bienes, más que la presentación de denuncias en cada país.

Pignataro cree que en Costa Rica se requieren jurisdicciones más ágiles, una mayor educación de la Fiscalía de cómo funciona este tipo de delitos, promover reformas que permitan levantar el velo corporativo y robustecer instrumentos para la administración de bienes objeto del delito.

En Costa Rica, estos delitos son investigados por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Fraudes Económicos.

De acuerdo con datos suministrados por la vocera de prensa, Tatiana Vargas, en el 2009 se registraron 160 casos en trámite sobre delitos por estafa y fraude cometidos contra empresarios.

En el 2010 se redujo a 20 y el año pasado alcanzó los 250 casos.

Sin embargo, al contabilizar todos los casos de estafa y fraude que ingresaron a los diferentes despachos en el 2010 se tienen unos 3.782 casos, los cuales incluyen tentativa de estafa, estafa de seguro y mediante cheque.

Por su parte, la unidad de fraudes contabilizó ese año (del 2011 aún no se tienen datos) un total de 395 asuntos. En fraude, están tipificados el fraude de simulación, fraude en la entrega de cosas, de simulación sobre bienes gananciales y el informático.

Durante el 2010, la Fiscalía dio por terminado un total de 4.257 casos investigados en la Unidad de Fraudes, de los cuales hubo acusación para 311 casos, 915 pasaron a archivo, 714 fueron remitidos a otra jurisdicción, 94 tienen solicitud de conciliación, 810 solicitaron desestimación y 597 pidieron sobreseimiento definitivo.

Un caso sonado que tiene como actor a un tico y operaciones aparentemente fraudulentas en el exterior es el de Mainor Vargas, exdirectivo futbolístico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cree que Vargas, a través de su compañía Provident Capital Indemnity, cometió fraude por unos $50 millones.

Otro caso reciente es el de créditos para proyectos urbanísticos otorgados supuestamente de manera irregular por funcionarios del Banco Nacional. El monto del fraude ascendería a los ¢15.000 millones y están imputadas al menos ocho personas.

En el pasado, recordó Carlos Valenciano, profesional asociado a Facio Abogados, hubo fraudes relacionados con entidades financieras (Hermanos Villalobos o Banco Elca, por ejemplo).

FraudNet analizó durante el encuentro en Costa Rica el famoso caso de Bancafé, con el cual fueron víctimas uno de cada 13 guatemaltecos. Los imputados utilizaron $204 millones de depósitos de inversionistas y cuentahabientes para invertirlos en la entidad Refco Capital Market.

“Uno de los socios ya tenía planeada su vida en Austria desde un año antes del fraude”, narró Pignataro.

Facio Abogados cree que muchas personas no denuncian este tipo de delitos por vergüenza o porque no declararon ante las autoridades tributarias esa cantidad de dinero que invirtieron.

La red propicia también que, para montos muy bajos, varias víctimas se unan en una sola demanda para reducir el peso de los costas legales.

Casos: La red trabaja en casos de fraude comercial, corrupción, fraude bancario, fraude en seguros, contra la propiedad, en comodities y el famoso esquema de Ponzi (pago de intereses a inversionistas de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversionistas, como fue el caso Madoff.

Esquemas Ponzi: La revista The Economist revela en un reportaje que en los últimos 10 años se han identificado al menos 300 esquemas Ponzi (o piramidales) que suman unos $23 billones defraudados. El artículo dice que el FBI investiga al menos 1.000 casos de fraude de inversión, más del doble que los casos del 2008.

Fuente The Economist y FraudNet.