Economía y Política
El Financiero
Los agricultores afirman que el elevado impuestos sobre bienes inmuebles perjudica su competitividad y amenaza con reducir las zonas cultivadas.
Gerardo Ruiz Para EF

Agro adelante en lucha contra alcaldes

Criterio municipal sin peso entre diputados en guerra por disminución de tributos a terrenos agrícolas

De los 5,11 millones de hectáreas que componen el territorio costarricense, 1,7 millones se destinan al uso para la agricultura (33%).

Esa considerable extensión causa los mismos desvelos a agricultores y a municipalidades, a la hora de pagar y de cobrar, respectivamente, los impuestos territoriales.

Pero la lucha es dispar cuando el tema se trata desde la Asamblea Legislativa. En el territorio de los diputados, predomina el criterio en favor del proyecto de “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”.

La semana pasada fueron la mayoría de fracciones legislativas las que acompañaron a los agricultores en su marcha en favor del plan, que propone una reducción del 80% del monto que pagan actualmente los agricultores por el impuesto sobre bienes inmuebles.

La iniciativa nació del acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los representantes de los agricultores. Al principio, contó con la participación de las municipalidades, sector que se retiró de la mesa.

Debate no cesa

En un inicio, los diputados municipalistas retrasaron el proyecto de ley al que se oponen los ayuntamientos alegando una reducción peligrosa en sus ingresos por tributos, comprometiendo sus presupuestos.

Empero, las presiones del sector agrícola y del MAG terminaron por torcerles el brazo a los legisladores que el martes pasado aprobaron una moción para colocar el plan en el primer lugar de la agenda del Plenario, lo cual le abre de par en par la puerta a su aprobación.

Esa decisión mayoritaria del Parlamento en favor de la tesis de los agricultores no implica el final del debate.

Los municipios mantienen la tesis de que la exoneración del 80% del impuesto territorial les causará serios dolores de cabeza, en particular a los ayuntamientos rurales, donde las fuentes de ingresos son limitadas.

Luis Barrantes, alcalde de Sarchí y presidente de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), instó a los diputados a no errar con el plan que defienden los agricultores.

El alcalde manifestó que antes de avalar la exoneración, los legisladores deben otorgarles a la municipalidades fuentes alternativas para obtener ingresos.

Entre estas, propuso permitir el cobro de impuestos territoriales sobre zonas protegidas, que en el caso de Fedoma son un promedio del 70% de los terrenos.

Pidió crear multas sobre aquellos propietarios que no actualicen en tiempo el valor de sus terrenos y sacar a los grandes productores agrícolas de la lista de beneficiados con la reducción del 80% del tributo sobre inmuebles.

Adelante en la batalla

Pero el agro se opone a este último punto y vuelve a chocar de frente con las municipalidades en un terreno donde las fuerzas son dispares a su favor.

Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores (UPA Nacional), afirmó que las municipalidades dispararon el valor de los terrenos agrícolas al equipararlos con tierras destinadas a desarrollos turísticos y urbanísticos más rentables, sin pensar en el daño que ocasionaban a los pequeños productores.

Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura (CNAA), afirmó que la decisión compromete la seguridad alimentaria del país.

No obstante, Barrantes aseguró que ese discurso carece de sustento, es populista, y no considera las necesidades públicas.

El Parlamento parece haber fijado posición en favor de la luchas de los agricultores.

Aún así, el debate sigue abierto y deja al desnudo la ausencia de políticas claras en los ámbitos municipal y agrícola.

Posiciones encontradas

El agro y los municipios chocan de frente en el tema tributario:

Propuesta agrícola

Exoneración del 80% del total del monto que pagan los terrenos por el impuesto sobre bienes inmuebles.

Buscan que la reducción del impuesto se aplique a todos los productores agrícolas, sin distingo de tamaño.

Afirman que la actual tasa del impuesto no fue construida técnicamente.

No consideran necesario gravar otro tipo de terrenos para que los municipios sustituyan ingresos.

Con la reducción, aumentaría la recaudación para los ayuntamientos.

Propuesta municipal

Pretenden fijar en un 50% la tasa del tributo actual alegando un eventual desfinanciamiento de los municipios.

Esperan que los diputados escuchen su clamor de que la reducción tributaria no rija para las grandes empresas.

Consideran que las zonas homogéneas conformadas para tasar las propropiedades es el mejor sistema.

Plantean la necesidad de empezar a cobrar impuestos municipales a zonas protegidas y de otros tipos.

No habría mayor beneficio, al no ser obligatorio ni penalizado no declarar el valor de las propiedades.

FuenteConsultas EF.

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