La huelga que durante cinco días golpeó el trasiego de mercadería en Limón, es la escaramuza más reciente en una guerra de intensidad fluctuante que dura ya 16 años entre varios Gobiernos y el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), por la modernización del puerto caribeño.

Con frecuencia, las diferentes administraciones aplacan los ardores sindicales otorgando beneficios a los trabajadores de Japdeva, pero sin abandonar los proyectos de la concesión.

A su vez, los sindicalistas logran algunas de sus demandas, pero no un compromiso concreto para que el puerto se modernice, ni hacer naufragar las iniciativas de concesiones.

En este último round , el resultado fue similar. El Gobierno accedió a buscar los recursos necesarios para invertir en la modernización de los muelles, pero se negó a dialogar sobre cambios en el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín firmado con APM Terminals. De nuevo, quedó asegurado un nuevoround para más adelante.

Comprando tiempo

La táctica ha sido utilizada por todos los gobiernos desde la administración de José María Figueres.

Para desactivar un llamado a huelga en los muelles, cuando el país se recuperaba de semanas de paro en la provincia protagonizado por el frente Limón en lucha, en 1997 la administración Figueres otorgó un aumento extra a cada trabajador de ¢7.700, en colones de 2012, por concepto de aumento en el costo de la vida.

Diez años después, la táctica era la misma. El sindicato recurrió a episodios de tortuguismo para exigir que el gobierno de Oscar Arias abandonara el plan de concesionar los muelles actuales.

Arias no desistió, pero sí prometió el pago de ¢470 millones en beneficios que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) había cuestionado.

“Los movimientos sindicales pertenecen casi todos a instituciones públicas y tienden a pelear por prerrogativas específicas, pero son muy limitados en su proyecto país. El Gobierno alimenta los intereses específicos para bajar la tensión y consolidar el proceso, de la concesión”, explicó el politólogo César Zúñiga.

Victorias a un alto precio

El marcador muestra varias anotaciones para el sindicato, más allá de aumentos salariales, la ratificación de su convención colectiva tras un examen en la Sala Constitucional, y la cabeza de varios presidentes ejecutivos de Japdeva.

La amenaza de un paro en los muelles hizo que los diputados que en 1998 trabajaban en la Ley de concesión de obra pública accedieran a sacar del texto a los muelles existentes.

Sin embargo, sus victorias han sido parciales, pues como máximo logran desacelerar las intenciones del Gobierno para involucrar a la empresa privada en la actividad portuaria, pero no han podido frenarlas.

El choque más frontal se dio con el gobierno anterior, que ofreció indemnizaciones de hasta $137 millones a los muelleros a cambio del apoyo a la concesión de los muelles actuales.

Las negociaciones colapsaron entre acusaciones de intervención gubernamental en las elecciones de la junta directiva del sindicato.

Pero el retorno de Ronaldo Blear –tras sentencia de la Sala IV– a la jefatura de la agrupación gremial, no hizo que el Gobierno claudicara. En cambio, buscó un nuevo camino, que se concretó en el proceso de concesión de una nueva Terminal de Contenedores de Moín a la holandesa APM Terminals.

Los años de medias victorias han desgastado la imagen del sindicato ante la opinión pública, que condena los beneficios adquiridos al amparo de una pugna mayor, según estima Zúñiga.

Empero, los sindicalistas las defienden. “ Que los trabajadores privados no tengan algunos derechos que tenemos nosotros me parece que está mal, deberían tenerlos también”, aseguró Liroy Pérez, secretario de prensa de Sintrajap.

En rojo

El Gobierno tampoco puede sentirse victorioso. El resultado de su táctica de comprar tiempo es que este año el 80% del presupuesto asignado a la Junta de Administración Portuaria se dedicará al pago de salarios.

La entidad se encuentre ahogada y con posibilidades limitadas para invertir en la renovación de sus caducos equipos. Los planes de reestructuración, que incluyen la eliminación de 500 de las 1.400 plazas de la institución, caminan a paso lento.

La elevación del techo de endeudamiento, desde el monto ridículo de ¢1.000.000 al 50% de su patrimonio, aprobado el año pasado por la Asamblea Legislativa, es una oportunidad para modernizar Japdeva, según ha manifestado Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva.

Sin embargo, después de seis meses de buscar financiamiento, la institución no ejecuta su plan de inversiones por $20 millones.

El sector productivo también se ha visto castigado por la pugna, pues cada vez que se abren las hostilidades se acumulan las pérdidas por retrasos o pérdida de mercadería que debía salir o entrar al país.

El costo que deben encajar es alto y amargo, en la huelga recién finalizada las pérdidas por dos días de parálisis se estimaron en ¢300 millones.

El monto se multiplica cuando se toma en cuenta que solo en los cinco años entre el 2003 y el 2008, los puertos se paralizaron casi 70 días por huelgas, paros y tortuguismo, según un estudio de la Comisión Asesora en Alta Tecnología.

Deuda pendiente

Limón también se cuenta entre los perdedores del pulso entre Sintrajap y el Gobierno. A lo largo de los 16 años de pulso, mucho se ha hablado sobre la necesidad de mejorar las condiciones de la provincia atormentada por la pobreza y la violencia.

El proyecto Limón Ciudad Puerto registra avances más que modestos. La Contraloría denunció que las obras más relevantes del proyecto ni siquiera se han iniciado, cuando ya se cumple casi la mitad del lapso establecido por el Banco Mundial.

La victoria para alguno de los contendientes es todavía incierta. Sobre el futuro de la TCM pesa la demanda presentada por Sintrajap y la Cámara Nacional de Bananeros y las amenazas de futuras protestas.

El Gobierno, fiel a su táctica, cedió en parte, comprando tiempo para la concesión.

Sobre lo que hay certeza es que, mientras se prolonga el pulso, perderá el país.

La concesión ha enfrentado al Gobierno al sindicato de Japdeva durante años.

Agosto-setiembre, 1996

Tras semanas de huelgas, el Gobierno retira el proyecto de reforma al artículo 121 de la Constitución.

Enero-marzo , 1997

Bajo amenaza de huelga, los diputados eliminan a los puertos existentes de la Ley de concesión de obra pública.

Agosto, 2006

Con tortuguismo, el sindicato, al mando de Ronaldo Blear, presiona por convención colectiva y exige que se desista del plan de concesión.

Setiembre, 2006

En nueva oleada de tortuguismo, trabajadores exigen compromiso escrito de que no se concesionarán los puertos del Atlántico.

Marzo - julio, 2008

Protestas y tortuguismo contra plan de concesión. Operarios reciben alza salarial extra del 17% por aceptar turnos de ocho horas.

Oct., 2008-mayo, 2009

Guerra de ofertas. Sindicato pide indemnización de $500.00 por trabajador. El Gobierno ofrece $137 millones a cambio de apoyo a concesión.

Enero- agosto, 2010

La Sala IV da marcha atrás a los cambios en la convención colectiva aprobados por nuevos líderes sindicales. Blear vuelve a jefatura de Sintrajap.

Abril, 2011

La administración Chinchilla abandona plan de concesionar muelles existentes. Impulsa concesión de nueva Terminal de Contenedores.

Junio, 2012

Con huelga de cuatro días, el sindicato presiona por cambios con contrato ya adjudicado a APM Terminals y refrendado por la Contraloría.

Fuente Archivo.