Poco personal para atender a las familias y la ausencia de un control que permita dar seguimiento a la ayuda dada son dos de las debilidades que señaló la Contraloría General de la República sobre el Programa de Atención Integral a Familias en pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.

Un riesgo importante que enfrenta el Programa, de acuerdo con el ente contralor, es asumir un compromiso de varios años con las familias seleccionadas, con personal contratado temporalmente.

Otro riesgo es el no cumplir la meta en la cantidad de 20.000 familias, ya que con el personal actualmente dedicado al Programa, se tendría capacidad para atender 6.788 familias, atención que comprende el diagnóstico, selección, elaboración del plan de atención, articulación interinstitucional y el seguimiento.

El programa analizado proyecta invertir ¢54.800 millones durante el período 2011-2014, atendiendo 3.000 familias en el 2011, 5.000 en el 2012, 6.000 en el 2013 y 6.000 en el 2014.

Sin indicadores ni colaboración

A nivel operativo, el Programa presenta debilidades en cuanto a que no tiene indicadores para registrar el avance de las familias y la conclusión del proceso de atención integral, añade el informe.

Además, no se ha registrado el seguimiento a los planes familiares y no se cuenta con mecanismos e instrumentos para la integración y sistematización de la información sobre el avance de las familias en la atención integral.

Algunas instituciones públicas no han sido receptivas al Programa y no otorgan prioridad a las familias participantes, en la prestación de sus bienes y servicios, lo cual dificulta el avance en el cumplimiento de la meta.

Los señalamientos sobre la ausencia de seguimiento no son nuevos. A finales del año pasado, la Contraloría emitió otro informe donde indicó que el país carece de una base de datos que integre un registro único de población beneficiaria y de población objetivo de los programas sociales; así como un índice de focalización de beneficiarios y un sistema integrado de bases de datos con registros nacionales e institucionales.

La Contraloría solicitó a Fernando Marín, ministro de Bienestar Social y Familia y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) emprender acciones para gestionar los riesgos y subsanar las deficiencias determinadas.

El Financiero se comunicó con el asesor de prensa del ministro, pero indicó que se encuentran de gira en Acosta con una agenda apretada, así que se referirá al tema en horas de la tarde o la noche.