Asociación turística demandará al ICT por $80 millones
Protur cuenta a la fecha con poco más de 700 agremiados; tour operadores, restaurantes, hoteles y transportistas
05/07/2012 01:34 PMBrindar datos que no reflejan el número real de turistas que ingresan al país es el principal motivo de una demanda financiera y penal por $80 millones presentada por la Asociación para la Protección del Turismo (Protur) contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La notificación oficial del proceso se espere llegue a manos del ICT en no más de una semana.
Según datos del Instituto un total de 2,2 millones de turistas ingresaron al país en el 2011; Protur por su parte asegura ese número no supera los 1,4 millones de turistas.
Boris Marchegiani, presidente de Asociación, explicó que esa diferencia de cerca de 800.000 turistas es producto de las estadísticas manipuladas que ha venido ofreciendo el Instituto y que genera expectativas falsas al sector.
“Muchos de esos turistas considerados por el ICT o ya viven en Costa Rica, cuentan con visas de turistas o simplemente están de paso (como el caso de un camionero que ingresa por una frontera y el mismo día abandona el país). Una cosa son visitantes y otra son turistas”, señaló Marchegiani.
Empero que el difundir información falsa y basada en especulaciones -no datos concretos- ha producido una sobreoferta en el sector y hasta la quiebra de pequeños empresarios.
“Se llegó a hablar de la necesidad de 7.000 habitaciones más en una zona como Arenal porque la visitación registraba números importantes, ahora y por tomar como referencia esas cifras, los hoteles están en quiebra. Los datos entregados no reflejan una realidad”, agregó el presidente.
Otra de los sustentos en lo que se basa la demanda es sobre la contratación de una empresa extranjera para el manejo en Facebook de la campaña “The Gift of Hapiness”.
“La adquisición de bienes en el país por parte de una empresa extranjera con fondos públicos por un monto de al menos $500.000 como parte de dicha promoción, constituye una acción cuestionable dentro del marco jurídico costarricense”, alegó Protur.




