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A pesar de ser un bien cuya concesión genera millones de dólares al Estado, el espectro radioeléctrico nacional carece hoy de una gestión y vigilancia que maximicen su uso óptimo y la atracción de inversión.

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Es como si fuera un sistema de carreteras que es observado por pocos policías de tránsito, quienes no tienen un panorama general de la red vial porque hacen rondas esporádicas y solo ven algunas zonas por falta de equipos.

No existe una información actualizada sobre los conductores autorizados (operadores, proveedores de servicio y otros concesionarios), ni un sistema que capte cuando alguien tiene permiso para andar en moto, pero transita en camión. Tampoco hay un plan que permita proyectar las inversiones futuras.

Por ello, no extraña que la Contraloría General la pusiera en su radar para auditar, por primera vez, la gestión de un bien público que la ex viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, calificó como “el oro de las telecomunicaciones”. No es para menos, si el país obtuvo ingresos por $170 millones por una única licitación de 120 MHz (de 40.000 MHz de uso disponible), para dar servicio celular en enero del 2011.

En el informe preliminar de la auditoría, que está en fase de consulta, el ente contralor exige al Gobierno poner orden en la administración del espectro radioeléctrico en corto plazo.

Para ello, la administración Chinchilla Miranda deberá concluir el trámite de las 4.052 solicitudes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico presentadas antes de la entrada en vigencia de la Ley general de telecomunicaciones , en el 2008.

Además, tendría que revisar todas las concesiones otorgadas hasta la fecha, actualizar el uso de este recurso natural a los lineamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y mejorar la coordinación con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

“Nuestro planteamiento a la Contraloría (sobre el borrador del informe) es para que los plazos estén más acordes con la complejidad de la tarea. Estaremos presentando las observaciones mañana (miércoles de la semana pasada para el lector)”, señaló René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

Ordenar la casa

El espectro radioeléctrico es un recurso natural que tomó relevancia para el país con la apertura del mercado de telecomunicaciones, cuando se tomó la decisión de licitar rangos de frecuencia para uso comercial.

Anteriormente, la explotación de este bien era poco regulada.

“Yo fui viceministro de Gobernación y conocí la Ley general de radio . En aquella época, operaba (la gestión del espectro) como una pulpería. Hoy pasó a manejarse como un supermercado con tecnología de código de barras, pero todavía tenemos que ser más sofisticados”, dijo Castro.

Por eso, aunque la Contraloría pone el dedo en la llaga de la deficiente gestión del espectro, esto no es una novedad. El informe que presentó Vega, al dejar el cargo de viceministra de Telecomunicaciones deja ver claramente las deudas en la materia.

“Una de las limitaciones medulares, que a la fecha de la Rectoría de Telecomunicaciones tiene, es la inexistencia de información actualizada del estado real de uso y explotación del espectro radioeléctrico”, se lee en el documento.

“Esta situación afecta de forma directa la gestión y la ejecución de las competencias de supervisión, tanto en el desarrollo de políticas públicas como en la recomendación que puede elevar el Poder Ejecutivo en materia de ordenamiento, reasignación o rescate de frecuencias”, se destaca en el documento.

Por ello, la ausencia de información clara impide conocer a ciencia cierta la composición de este recurso natural .

Un ejemplo. El dato más reciente sobre la distribución del espectro de la Rectoría de Telecomunicaciones dice que el ICE y Racsa ocupan un 42% del espectro. Esta información no toma en cuenta los 120 MHz que se restaron a este espacio y en el que hoy operan Movistar y Claro.

En tanto, los datos de la Sutel amplían el porcentaje de participación del Grupo ICE en el espectro a un 60,18% (18,56% de más). Mientras Claro tendría 6,56% y Movistar 7,47%.

Otro tema que también destaca Vega es la necesidad de poner en regla las 4.052 solicitudes para el uso y explotación del espectro pendientes desde hace 20 años, lo cual tiene implicaciones importantes para la industria.

“Cuando se empiezan el tramite (de las peticiones) ante Minaet se entra en la duda sobre la normativa que se debe aplicar”, explicó Juan Manuel Campos, abogado de Ciberegulación.

“Dos dictámenes de la Procuraduría General de la República resuelven el tema de fondo, porque si el trámite se dio antes del 2004 y si la frecuencia se explota para dar servicio a terceros, la frecuencia debió haberse obtenido por concurso público”, añadió Campos.

Vega dejó lista una metodología para resolver las solicitudes pendientes, pero esta aún no ha sido ejecutada y requerirá exigir, finalmente, a algunas empresas apagar sus equipos.

Actualizar y monitorear

Puede ser que haya claridad de que se deben concretar tareas pendientes por más de 50 años, pero el tiempo empieza a presionar.

“Ellos (Contraloría) plantean que se haga seis meses. Nosotros proponemos que se haga de aquí al fin de administración”, explicó Castro.

La Contraloría también estaría exigiendo una revisión de todas las concesiones vigentes e históricas, independientemente si la empresa que solicitó el permiso de uso esté o no operando.

“Nos preocupa decir que aún destinando todos los recursos a tiempo completo, probablemente nos llevará de tres o cuatro veces ese plazo”, resaltó Castro.

El jerarca opina que se mezclan áreas cuyo “detalle, análisis e implicación económica, social y humana” tienen grandes repercusiones. Por ejemplo, se estaría revisando la concesión de medios de comunicación y empresas que no están activas.

“Esa diferencia no está suficientemente establecida. Queremos empezar por las frecuencias que no se están usando. Ese es el planteamiento, pero dependemos de la aceptación de la Contraloría ”, destacó Castro.

También se estaría exigiendo alinear el espectro radioeléctrico con el orden internacional, que establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). “Hay algunas áreas que internacionalmente se piensa que deberían operar para algún tipo de actividad de la industria de infocomunicación. Algunas de ellas apenas empiezan a llegar al país, pero se ha pedido que se reserven frecuencias para los nuevos servicios”, explicó Castro.

La última versión del Plan Nacional de Frecuencias (que establece el uso de cada uno de las carreteras en la red vial) data del 2009 y tomó los mandatos más recientes de UTI en ese momento, una renovación que se realiza cada cuatro años.

Vega explicó que el país tiene trabajo avanzado en la materia. “Dejamos una propuesta de reforma al plan que contempla los lineamientos aprobados por la UIT en febrero”, dijo.

Por ejemplo, revisar la banda de 700 MHz donde operan las televisoras para determinar el espacio que se liberaría al usar estas empresas menos espacios con el paso al mundo digital.

Otra defiencia que se deberá superar es la ausencia del monitoreo de este bien de uso público.

“En la actualidad no existe un sistema de gestión y monitoreo del espectro nacional, las mediciones y evaluaciones se hacen de forma manual”, respondió la Sutel a una consulta realizada por EF por correo electrónico.

“Esto dificulta los alcances de las inspecciones. Estamos a la esperar de recaudar la totalidad del dinero del canon de reserva de espectro de este año, para iniciar la compra del equipo necesario para las mediciones”, se detalla en la respuesta.

Unas 60 empresas componen el grupo de grandes contribuyentes del pago de reserva del espectro, cuyo monto depende del espacio que se use del recurso natural y los servicios que se presten.

Estos recursos financian la labor de la Sutel de gestión y administración del espectro, no obstante, la negativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de pagar los recursos ha dificultado realizar la labor. Para este año, se tiene proyectado recolectar ¢1.743 millones este año y adquirir el sistema de gestión.k Vea recuadro “Grandes usuarios”.

Ver a futuro

Por su parte, el jerarca del Minaet destacó que el borrador del informe de la Contraloría deja claro la necesidad de mejorar la comunicación entre la Sutel y el Poder Ejecutivo.

Para él, la integración del sector de telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit) favorecerá la fluidez del trabajo. “La Sutel es una institución nueva y el Minaet como rector del área también. Es como cualquier actividad que mejora conforme la industria madura. Es parte de este primer ciclo. La Micit le tocará se segundo ciclo”, añadió.

Por otra parte, el sector empresarial estaría demando mayor facilidad para invertir en el espectro y una “hoja ruta clara” para delinear futuros proyectos.k Vea nota aparte “Sin agenda para licitar”.

“Hay empresas que consultan sobre la posibilidad de invertir en el país, pero se dan cuenta de que no pueden acceder a espectro porque depende de que se decida sacar una licitación”, comentó Elías Soley, del bufete Soley, Saborío & Asociados.

De hecho, el futuro de la tercer bloque de frecuencias para dar el servicio de telefonía que quedó pendiente de concesionar, en la subasta de enero del 2011, es incierta. El Minaet apenas inicia los estudios para identificar si existe un mercado atractivo.

La Contraloría estaría emitiendo el resultado final de la auditoría de la gestión del espectro en agosto. Se espera que este sea un primer paso para poner en orden un recurso natural que es limitado.

Fuente Canon de regulación, Sutel.

-Grupo ICE

-Telefónica (Movistar)

-Claro

-IBW Comunicaciones

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