Patricia Pérez

De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría General de la República, los gastos de capital pasaron de ser un 10% de los egresos del Gobierno en el 2010 a tan solo un 6% en el 2011. En gastos de capital se contemplan todas las inversiones realizadas por el Gobierno.

Dice la Contraloría que los estudios académicos de distintas instituciones muestran la clara relación entre la inversión en infraestructura, el crecimiento económico y la reducción en la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini).

Las políticas de mejora de cantidad y calidad de la infraestructura para los sectores menos beneficiados de la población también impactan en los niveles de educación y salud y, por ende, en el bienestar.

Sin embargo, la situación de la infraestructura pública en Costa Rica es deprimente.

Señala la Contraloría que el rezago en esa materia es la principal limitante de nuestra competitividad en relación con la región.

Es difícil para el Estado invertir mientras intenta resolver el enorme problema fiscal heredado del Gobierno pasado, y cuando logra invertir en infraestructura vial, terminan por destaparse escándalos de corrupción que terminan (o más bien empiezan) con despidos de ministros.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) calcula que la brecha en infraestructura para América Latina y el Caribe ronda el 5,2% del PIB. Sin embargo, las rigideces en el gasto del Gobierno central obligan a que, en épocas de vacas flacas, la inversión pública se sacrifique para normalizar la situación fiscal.

Una respuesta

¿Cómo hacer para que un Gobierno Central pobre logre las mejoras en infraestructura que el país requiere? La respuesta es el expediente de ley 18.014, “ Ley de autorización para la titularización de flujos de caja de obra pública” .

Dicho proyecto, presentado por esta diputada, pretende autorizar al Gobierno para que busque el financiamiento directamente del inversionista, lo que permitirá que el Estado destine una proporción menor de sus recursos a solucionar la gran cantidad de necesidades de infraestructura. A cambio, el sector privado obtendrá durante un lapso determinado una rentabilidad por su inversión, que dependerá de los flujos de caja de la inversión realizada.

Es hora de dejar que el sector privado –tanto las grandes empresas como usted y yo– pueda tomar la decisión de invertir su dinero en obras públicas.

Sectores como transporte, energía, salud y educación podrían ver su infraestructura mejorada de manera significativa si se tiene la visión de aprovechar novedosas fuentes de financiamiento, como la titularización de flujos de caja.

Tengamos el valor de ser innovadores, por el bien del desarrollo del país.