La Presidenta, Laura Chinchilla, firmó la mañana de este martes un decreto que modifica el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito con el fin de evitar actos de corrupción en el Gobierno.

La principal modificación se centra en la responsabilidad, que de ahora en adelante, tendrán los inspectores de obras públicas de declarar su patrimonio, tanto al inicio, anualmente, como al final de su nombramiento.

“ También deberán presentar declaración todos aquellos funcionarios que tengan a su cargo el otorgamiento de avales, permisos o autorizaciones a particulares, o fiscalizar la ejecución y cumplimiento de obras y servicios”, subrayaron las autoridades en un comunicado oficial.

Esta obligación ya recaía sobre otros cargos de la función pública.

“ Una redacción poco precisa, usando muchas veces conceptos jurídicos indeterminados, llevó a la decisión del Gobierno de reformar el artículo 56 del Reglamento. La realidad evidenciada nos demuestra la existencia de omisiones que deben ser corregidas”, agregó el Gobierno.

Los últimos acontecimientos suscitados a raíz de la construcción de la ruta 1.856, donde se denunciaron a funcionarios del Conavi por aceptar supuestas dádivas de empresas privadas durante la construcción de la trocha fronteriza, fue el punto de partida por parte del Gobierno para la modificación del texto.

En ese caso, eran los inspectores de la obra quienes supervisaban las tareas desarrolladas por las empresas contratadas por el Estado.

La Ley contra la corrupción pública N°8422 esta vigente desde el 6 de octubre del 2004.