Frank Guevara para ef

Frank Guevara para ef

Las malas noticias sobre la agenda fiscal del Gobierno han llovido sobre Zapote, y sobre el Ministerio de Hacienda han sido diluvio.

No hubo tiempo para asimilar las bajas. A los cuestionamientos y renuncia de Fernando Herrero como ministro de Hacienda, se sumó la resolución de la Sala IV contra el trámite del proyecto de “Ley de solidaridad tributaria”.

Bajo la tutela del vicepresidente Luis Liberman, Jordi Prat y Manrique Sáenz, asesores del Ministro de Hacienda, trabajaron en el plan B con que el Gobierno espera capear el temporal en sus finanzas. Por lo menos, mientras se reagrupa.

La reforma fiscal aspiraba a sumar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a las exiguas arcas estatales. El nuevo conjunto de medidas apenas representan una sexta parte del déficit fiscal, que este año rondaría el 5% de la producción.

“La reforma fiscal sigue siendo necesaria”, asevera Prat, quien al igual que Sáenz trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El fracaso de “Solidaridad tributaria” tiene que ser un golpe para Jordi Prat, asesor del Ministro de Hacienda. El exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigió el equipo encargado de estimar el rendimiento de la propuesta, participó en la estrategia de comunicación y asistió a las autoridades de Gobierno en las negociaciones con los sectores productivos.

Con el plan B, Prat se ve bajo los reflectores para defenderlo, especialmente debido a que el nuevo jerarca de Hacienda, Édgar Ayales –otro exfuncionario del FMI– no asume el cargo hasta el 1° de mayo.

Junto a Sáenz, el economista con un doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), expuso los alcances del nuevo paquete de medidas.

¿Se renunció a una reforma fiscal integral?

El Gobierno sigue teniendo una estrategia integral donde mejoramos recaudación, se contiene y mejora el gasto. El Gobierno tiene claro que Costa Rica necesita una reforma estructural de ingresos, ya que las aspiraciones de la población en materia de educación, salud y seguridad requieren recursos que hoy no tenemos.

Estas medidas que nacieron como complementarias al plan fiscal, ¿son ahora sustitutas?

Estas medidas tienen el objetivo de aminorar el efecto negativo de no contar con los ingresos adicionales que se esperaban con la reforma tributaria. Todas las medidas que hemos presentado las habíamos estado implementando o, en su defecto, pensando por un periodo importante. De la discusión de “Solidaridad tributaria” queda una lección importante y es que se requiere de más recursos para financiar bien los bienes y servicios que el Estado provee.

El plan B es calificado como cosmético por sus detractores. ¿Está diseñado para sostener la situación los restantes dos años de esta administración?

Asumimos que algún tipo de reforma tiene que darse. Esto es más un plan para paliar los efectos negativos de no tener la reforma hoy. No son cosméticos. Restringir salarios a la gente de mayores ingresos no es fácil, como tampoco es fácil tener una limitación al crecimiento del presupuesto del 4%. Recortar gasto en un 1,5% del PIB significa no pagar intereses de la deuda, dejar de pagar la mitad de las pensiones, echar gente. No son cosas por las que vamos a optar.

Hay recortes de recortes. No necesariamente tienen que dejar de pagar pensiones…

Cuando uno ve el presupuesto; este tiene el 90% con destinos específicos o cosas que no se puede recortar. Salarios por ley son inflexibles a la baja. ¿En qué recorta que sea fácil? Cuando se habla de recortar, muchas veces se habla en abstracto, pero cuando se revisan los detalles del presupuesto, es difícil. El año pasado, la Alianza, en una pelea campal, logró recortar ¢25.000 millones de un presupuesto de ¢6 billones. Ellos también hicieron el trabajo y no pudieron recortar más.

La consolidación fiscal esperada del plan B es 0,89% del PIB, una sexta parte del déficit proyectado para este año...

Uno tiene que ver qué es lo posible. La reforma tenía un rendimiento del 1,5% del PIB, con la reforma no se eliminaba el déficit pero se estabilizaba la deuda. Esto es lo que realmente podemos hacer y lo que podemos lograr. No son medidas que sustituyen la reforma.

¿Los gastos en consultorías se pueden recortar?

Estamos haciendo un estudio que revisa las consultorías. Muchas veces resulta más barato tener tercerizados esos servicios que en planilla. Lo que pasa es que el término se satanizó. Cualquier consultoría es mala. Lo estamos revisando, pero eso no es un número muy alto. Contratar a un programador a tiempo completo es más caro, dado que no podemos pagar salarios de mercado y el problema entonces va a ser ese gasto alto cuando sería más barato tercerizado.

El grueso del plan B, 0,45% del PIB, corresponde a acciones ya en curso. ¿Cuáles son, entonces, las novedades?

Congelar los salarios por dos años y reducir la deuda política son medidas que son nuevas. Lo de los eurobonos es algo que estábamos impulsando y lo seguimos haciendo, pero no es lo mismo necesitar financiamiento externo cuando hay un déficit que va a rondar el 5% del PIB, a una situación en la que el déficit va bajando. ¿A qué le damos más prioridad? Una de las cosas que teníamos pensando en los siguientes seis meses era seguir con la mejora recaudatoria y para eso teníamos el IVA (impuesto de valor agregado). Teníamos planeado un sistema donde las personas piden factura y generan controles cruzados. Ahora tenemos que dedicarnos a hacer más fiscalizaciones de profesionales.

¿El proyecto “Ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas”, es un conjunto de concesiones para la oposición?

El proyecto es más que eso. Lo hemos estado construyendo durante un buen tiempo, y se le añadieron algunas medidas temporales para contener el gasto como congelación de salarios y pensiones por arriba de ¢3 millones. Hay otras medidas que tienen sentido con y sin reforma tributaria. La autorización para transferir superávit es un artículo del proyecto. Hay otras cosas, por ejemplo, se le autoriza a las entidades públicas a vender bienes y servicios que no le corresponden al Estado constitucionalmente.

¿Cómo cuáles?

El edificio de la antigua Aduana. El Ministerio de Cultura lo alquila, pero por una cuestión legal lo hace en un monto que es para cubrir el costo del guarda. Lo arrienda baratísimo. Al final, las ganancias de ese arrendamiento se la dejan los privados. Los ministerios tienen que aprender a ponerle precio a las cosas. El proyecto propone que la Contraloría, que hoy se financia con fondos del Gobierno Central, sea fondeada por los fiscalizados en proporción con el presupuesto. Eso nos ayuda. Se amplía el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para que le permita obtener información sobre endeudamiento y sobre gastos de resto del sector público. Aunque usted no lo crea, es difícil saber en qué estamos gastando.

¿Atentan las transferencias contra la autonomía de las empresas públicas?

No, porque es una autorización. Quiere decir que el jerarca de esa entidad decidirá si quiere hacer transferencia o no. Con estos superávits libres pasa que algunos son recursos de terceros, como en el caso del Instituto Nacional de Seguros que son reservas.

Estas transferencias son una propuesta que planteó Luis Fishman desde hace meses. ¿Por qué se incorpora hasta ahora?

Esa idea está bien, a pellizcos se mata un burro. Pero si usted ve cuánta plata recoge eso, es muy limitada. Una vez que las instituciones sepan que van a tener que decidir si trasladan el superávit libre al Gobierno Central, van a tener un buen incentivo para que no quede un superávit, a menos que sea para financiar una inversión. Con este proyecto pensamos cómo mejorar el funcionamiento del sector público, cómo estructurar mejor lo incentivos, la venta de servicios, aprovechar economías de escala para no tener pequeñas unidades administrativas en varias instituciones desconcentradas.

¿Es un saludo a la bandera el establecimiento de un tope al crecimiento del gasto?

En los últimos dos años hemos procurado que el gasto corriente no crezca más que el PIB, y ese es el tope que se le está poniendo. Se trata de tener crecimientos reales parecidos en el gasto y en el PIB. Cuando hay vacas gordas y sus ingresos se disparen más que el PIB; si se va aumentar gasto que sea en inversión y no gastos corrientes que son muy difíciles de revertir.

La Asamblea parece haber recibido bien el proyecto. Si siempre existió, ¿por qué presentarlo hasta ahora de forma que suavizara el trámite de “Solidaridad tributaria”?

No siempre existió en la forma actual, ha tomado tiempo desarrollarlo. Hemos tenido versiones durante mucho tiempo. Desde febrero, el Ministro de Hacienda fue y presentó el borrador a los diputados y les contó las distintas cosas que queríamos hacer.

El nuevo proyecto de ley representa el 0,2% del PIB, frente a 1,5% de “Solidaridad tributaria”, ¿hasta dónde el Gobierno puede asumir la postura de que peor es nada?

Hay que ser claros. Esto no sustituye a “Solidaridad tributaria”, esto no da. La reforma no era un proyecto solo, sino que teníamos un conjunto de medidas, una estrategia integral que incluye los eurobonos, “Transparencia fiscal”, “Fortalecimiento de la gestión tributaria”, mejoras administrativas, y “Solidaridad tributaria”. Hoy tenemos una pata del banco endeble y debemos tomar medidas para aguantar mientras se aclara el panorama. No es que nos dimos por vencidos.

¿Puede el Gobierno mantenerse a flote sin nuevos tributos?

El Gobierno continuará con los esfuerzos recaudatorios y la contención de gasto y con el esfuerzo de mejorar las finanzas públicas. El nivel de deuda de Costa Rica no ha llegado a niveles alarmantes. Las medidas hasta hoy propuestas no solucionan el desquilibrio fiscal en el mediano plazo, pero sí disminuyen la tasa de crecimiento de la deuda y nos dan algo de espacio. Costa Rica no puede seguir postergando una reforma integral en la que se enfrente el problema básico de financiar bien el gasto público, el cual debe ser eficiente y tener el máximo impacto social.